El control de Fodesaf
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) está integrado en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante varias décadas, sus recursos fueron asignados a la personería jurídica de la dirección que los administraba, la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).
La Desaf tenía el control sobre la distribución, dentro de los términos establecidos en la ley, lo cual le aseguraba una adecuada supervisión, seguimiento y evaluación del uso del dinero. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 9524, la situación cambió.
Si bien la ley partía de la hipótesis de que la separación presupuestaria de los órganos desconcentrados había debilitado la función de dirección propia del Poder Ejecutivo, con su puesta en ejecución en el año 2021 no solo fue eliminada la transferencia de recursos a la personería jurídica del Fodesaf, sino que en la práctica se le han restado potestades a la Desaf para el control del presupuesto, el seguimiento y la fiscalización de las unidades ejecutoras, dado que las asignaciones presupuestarias ya no son atribución única y exclusiva de este ente técnico con aprobación del Ministerio de Trabajo. Ahora interviene el Ministerio de Hacienda, lo que ha disminuido la libertad de la administración técnica de los recursos, porque Hacienda tiene la potestad de imponer límites a los recursos del Fodesaf.
Esto fue evidente durante la tramitación del proyecto de presupuesto del 2024, y se repite en el plan de gastos del 2025, ya que nuevamente se excluyeron cinco programas sociales del control de la Desaf y se intentan trasladar hacia otros ministerios, como en el caso del programa Avancemos (que pasaría al MEP), el aseguramiento por cuenta del Estado para personas indigentes, el Icoder y la Asociación Pro Hospital de Niños (que pasarían al Ministerio de Salud) y el subsidio para la vivienda del Bahnvi (al Ministerio de Vivienda).
El año anterior, el gobierno planteó los mismos movimientos en el anteproyecto de presupuesto del 2024, que fueron enmendados en la Comisión de Asuntos Hacendarios, por lo cual es previsible que los diputados corrijan esta situación durante la tramitación del presupuesto.
El autor es economista.