ONG alertan que con la reforma al Guardia Nacional desaparece control sobre actuación militar

Con la reforma a la Guardia Nacional (GN) se dejará a los militares “totalmente fuera de control” del Ejecutivo y del Legislativo, advirtieron organizaciones civiles y de estudiantes.

Alertaron que “se elimina la obligación del Ejecutivo de rendir informes semestrales al Congreso sobre el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y la evaluación legislativa sobre esos resultados, junto con las 32 entidades, para planificar el regreso de los militares a los cuarteles”.

Al acudir a la sede de la Cámara de Diputados, Marisol Méndez, de Fundación para la Justicia, recordó que la GN está entre las autoridades que más violan derechos humanos, pues existen mil 772 expedientes abiertos por ese tipo de casos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció tres fallecimientos atribuidos a la GN y un atentado, en contra de Hugo Chávez Avendaño, muerto en supuesto fuego cruzado; Mariana Flores, de 15 años; Felipe García, agredido directamente por la GN y María Pérez, cuyo vehículo fue perseguido y baleado por la Guardia.

Acompañados por diputados de Movimiento Ciudadano, Data Cívica, a través de Mónica Meltis Béjar, directora ejecutiva, denunció que con la reforma se suprimen mecanismos de evaluación del Poder Legislativo sobre la GN.

“Hoy la Constitución obliga al Ejecutivo a rendirle cuentas al Congreso cada seis meses sobre su uso del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tareas de seguridad pública. Una comisión bicameral debe revisar este informe y la propuesta de reforma no contempla ningún mecanismo de seguimiento al parlamento”, abundó.

Jonathan de Vicente, de México Unido contra la Delincuencia, explicó que con esta reforma se quita un “candado democrático” que impide a quien ostente la Presidencia mandar la fuerza militar a todo lo que quiera.

Por su parte, el colectivo Seguridad sin Guerra, de la mano con las organizaciones La Justicia que Queremos y Amnistía Internacional (AI), se sumaron a los reclamos, y recordaron que el presidente López Obrador decía en 2010 que el Ejército no es la solución para la violencia.

“En sus últimos días como Presidente, busca empoderar aún más a las Fuerzas Armadas en el país, otorgándoles facultades constitucionales inimaginables”, aseguraron las entidades.

Agregaron que las nuevas tareas, entre las que se incluyen la seguridad nacional, seguridad pública, vigilancia y control fronterizo, entre otras, las llevarían a cabo “cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar”.

Además, resaltaron los grandes riesgos que representaría esto para la democracia y los derechos humanos en México.

Por su parte, la organización Signos Vitales insistió en su reclamo por este intento de darle más poder al Ejército. A través de sus redes sociales, la entidad recordó que desde octubre de 2020 alertó sobre los riesgos que implica militarizar este cuerpo de seguridad. —Pedro Hiriart y Víctor Chávez