La revisión histórica del INE: ¿cuánto crece España realmente?

En España existen una serie de lagunas estadísticas que, después de muchos años, siguen sin ser resueltas. Por más que la estadística sea una asignatura odiosa para muchos alumnos, su importancia a nivel nacional es crucial, aunque los gestores públicos no se lo tomen tan en serio como sería deseable. 

Hace unos años, el ministro Solbes me hizo una pregunta cuando estábamos diseñando en el Ministerio de Vivienda la Renta Básica de Emancipación, y era si sabíamos el número exacto de personas que vivían de alquiler, dado que era un dato crucial para presupuestar la cuantía necesaria. Con mucha vergüenza le contesté que no, que solo manejábamos encuestas, como la Encuesta de Condiciones de Vida, tan imprecisa como estéril para conocer la realidad del mercado del alquiler en España. A día de hoy, seguimos casi tan a oscuras en este campo, tanto en lo que concierne a personas que viven en alquiler, como en lo referido a precios reales. El Estado, que ha hecho dejación de funciones estadísticas en este campo, y paga cuantiosas cantidades de dinero por datos sesgados a empresas del tipo Idealista, un lobby reconocido en este campo. 

Este es un ejemplo palmario de cómo el INE desecha utilizar fuentes administrativas al alcance, como serían los registros de contratos de alquiler o las fianzas, donde sean fiables, para construir un verdadero arsenal fiable de datos en este mercado. La falta de datos fiables es un arma de destrucción masiva para los gestores públicos que tratan de diseñar políticas públicas fiándose de datos sesgados, a veces falsos y con grandes lagunas en otros casos, lo que distorsiona la conversación pública. En este punto, también recuerdo cuando desde el Ministerio participé en un grupo para impulsar una estadística de precios hedónicos para el mercado de la vivienda en compra y alquiler, con una respuesta desoladora en aquel momento, que era que ello llevaría una carga de trabajo excesiva para el propio Instituto. 

Este sesgo del INE al utilizar encuestas o muestreos, frente a datos reales, también se puede observar en el cambio operado en el conteo de viviendas. Hemos pasado de un censo real a un muestreo, con la consiguiente pérdida de eficiencia y calidad de dicha estadística, crucial para el devenir económico de un país. 

Estos son algunos de los ejemplos de ineficiencia que asolan las estadísticas oficiales de este país. El sistema de Cuentas Nacionales, cuya metodología es homogénea con el resto de países de la UE, no es incompatible con la utilización y cruce de datos estadísticos procedentes de registros administrativos. Algo que todavía no está instalado en España. Hay millones de datos relevantes que recaban instituciones públicas, como Ministerios, Agencias Estatales o la propia Seguridad Social o la Agencia Tributaria, que no son explotados de forma conjunta para configurar una estadística sólida, mucho más fiable y sobre todo de mayor calidad. 

Un ejemplo reciente lo tenemos con las sucesivas revisiones llevadas a cabo por el INE, cuyas últimas cifras son realmente chocantes, al añadir más de 77.000 millones de euros al PIB entre 2021 y 2013. Todo ello, a pesar de que la propia directora de Cuentas Nacionales negara este extremo hace unos meses. Estos cambios elevan el crecimiento del PIB en España en 2023 hasta el 2,7%; en 2022, al 6,2%, y en 2021, al 6,7%. Esto también desmontó la cantinela de que España había salido más tarde del hoyo del Covid, ya que realmente salimos en el tercer trimestre de 2022, a la par de muchos países de nuestro entorno. 

Estas anomalías estadísticas comenzaron a ser puestas de manifiesto por dos excepcionales profesionales, Francisco Melis y Miguel Artola, sin que el INE se diese por enterado. Las fuentes discrepantes eran conocidas, la recaudación fiscal crecía por encima del PIB nominal, las horas trabajadas y el empleo no respondía a criterios lógicos, dado que se elevaban por encima del PIB, lo que distorsionaba el debate sobre productividad y hornada laboral. Así mismo, los reportes a Bruselas estaban sesgados, ya que la ratio de Deuda/PIB o el déficit público no se correspondían con la realidad económica en España. 

Parte de esta infraestimación seguramente proviene de la digitalización progresiva de la sociedad actual, la falta de control sobre pagos por fuera del sistema bancario, pero también por al auge del comercio electrónico y la elevada demanda de servicios turísticos fuera del canal institucional, es decir los pisos turísticos ilegales que pueblan la geografía española sin control alguno. 

Con esta revisión histórica, que se ha realizado en línea con el resto de socios comunitarios, la economía española presenta un estado más solvente, aunque con el problema endémico de la dependencia del consumo privado y los servicios, si bien la evolución de las exportaciones alberga algunas luces positivas. 

En suma, el INE y el resto de proveedores estadísticos en España necesitan una revolución metodológica, un proceso de integración mediante técnicas de Big Data, y sobre todo mucho presupuesto para que, de una vez por todas, los gestores públicos no tengan que legislar con grandes lagunas estadísticas o con la compra de datos sesgados a lobbys del tipo de Idealista. Y por supuesto, hay que seguir apoyando a expertos como Francisco Melis y Miguel Artola.