La consejera extremeña de Agricultura tiene una parcela de viñas con un pozo ilegal
La Confederación Hidrográfica del Guadiana "no tiene constancia" del aprovechamiento hídrico en ese terreno de Tierra de Barros propiedad de la dirigente del PP, cuya masa de agua subterránea está desde 2015 en riesgo por su sobreexplotación, por lo que no permite nuevas concesiones
Una consejera del PP en Extremadura se suma al veto a un macroproyecto de regadío que devalúa sus propias tierras
El acuífero subterráneo de Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz, está sobreexplotado. Tanto, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) alertó en 2015 de su estado en cuanto a la cantidad, y también en cuanto a su calidad por la presencia de nitratos. En esa comarca, repleta de viñedos y olivos, la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, es cotitular de una parcela de vides de casi 3,5 hectáreas de secano que cuenta con un pozo ilegal.
Según ha podido saber elDiario.es Extremadura, a la CHG “no le consta” este aprovechamiento de aguas subterráneas, por lo que no está registrado, a pesar de que este periódico ha podido comprobar cómo esa superficie de viñedo en espaldera cuenta con una caseta de construcción de la que sale un sistema de riego por goteo a las hileras de vides.
La masa de agua subterránea de Tierra de Barros abarca una superficie de 1.727 kilómetros cuadrados, está situada entre 30 y 50 metros de profundidad, se nutre del agua de lluvia a través del eje del Guadiana, y tiene una capacidad de renovación anual de 25,6 hectómetros cúbicos, aunque esa cifra después se ha corregidos al alza, hasta los 27,3 hectómetros cúbicos. También recibe aportaciones de las filtraciones de los riegos. Frente a esa capacidad de recarga anual, los permisos de extracción reconocidos en 2015, cuando se declaró el riesgo del acuífero, eran de 25,94, por lo que se tomaron medidas para que no se agotara.
Ese año se suspendieron los permisos para nuevas captaciones de aguas y se restringieron al máximo las concesiones de nuevos derechos, según el programa de actuación, aprobado en 2021 y que fija un plazo de vigencia hasta 2027, aunque prorrogable si no se cumple el objetivo y el acuífero sigue sobreexplotado. No obstante, existe un “descenso generalizado en los niveles de la masa de agua subterránea acumulada en el período 2014- 2023”, como quedó reflejado en una reunión de la junta de explotación de este acuífero en diciembre de 2023.
Un viñedo sancionado
La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha explicado a elDiario.es que es “conocedora de la situación de su parcela”, aunque se escuda en que ella “ni explota ni ha explotado en ningún momento” ese terreno, sino que lo hace “otro titular”. Esa otra persona a quien se refiere como copropietario es su hermano.
Morán también ha asegurado que se enteró de la existencia de este sistema de riego ilegal tras un “control de campo” de la Consejería de la que es responsable y que a “la persona que explota” el viñedo se le han aplicado las penalizaciones pertinentes en las ayudas PAC y en la condicionalidad. “Es decir, se ha aplicado escrupulosamente la ley”, ha subrayado .
Paradójicamente, a pesar de que cuenta con un sistema de irrigación, la consejera extremeña no ha querido incluir su parcela en el regadío de Tierra de Barros, un macroproyecto que lleva pergeñándose tres décadas y que el Gobierno de María Guardiola ha dejado sin fondos. Sin embargo, hay alrededor de 1.200 agricultores de la comarca que han decidido convertir sus tierras de secano en regadío de forma legal y que tendrán que afrontar de su bolsillo 65 millones de euros para el proyecto.
Este regadío llevará el agua desde los embalses de Alange y Villalba de los Barros para regar 15.000 hectáreas de secano, para lo que será necesario acometer obras que supondrán expropiaciones. Una de esas expropiaciones afecta a la consejera y a su hermano, puesto que se trata de la misma parcela que cuenta con un pozo ilegal.
En la oposición, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, criticó el “racaneo” de la entonces Junta de Extremadura socialista a los agricultores expropiados porque iban a “regalar prácticamente” sus terrenos para que los “invadieran”. Eso fue en 2021. Poco después, con el Gobierno del PP, la Junta de Extremadura ha puesto trabas al inicio de un proyecto que devalúa la propiedad de su titular de Agricultura, por lo que existe un posible conflicto de intereses. La defunción se firmó a principios de verano cuando se sustrajeron 104 millones de euros de fondos europeos que tendrían que destinarse al regadío en Tierra de Barros para dedicarlos a otros proyectos. Todo esto bajo una tormenta política con acusaciones entre PP y PSOE, que ha desembocado en la puesta en marcha de una comisión de investigación en la Asamblea para intentar conocer por qué este proyecto aún no se ha materializado.
Mientras tanto, el PP se ha quedado solo en la Junta de Extremadura tras la ruptura de Vox del gobierno de coalición, firme defensor de los regadíos a pesar de la situación de emergencia climática. Tanto es así, que cuando aún existía el bipartito, la extrema derecha amenazó con dejar caer el presupuesto de 2025 si no se incluía dinero para acometer “a pulmón y con fondos propios” el proyecto en Tierra de Barros. La presidenta, María Guardiola, echó balones de fuera recordando el coste de la infraestructura (240 millones de euros) y la necesidad de contar también con la ayuda del Estado y de Europa.
Sin embargo, ahora parece que esas fuentes de financiación no son tan necesarias y en el marco de las negociaciones de las nuevas cuentas autonómicas entre el PP, en minoría, y el resto de partidos, Guardiola ha anunciado por sorpresa una partida de 20 millones de euros para iniciar el regadío en 2025 para ganarse el favor de Vox, aunque esa promesa está lejos de los 35 millones que su exsocio exigió.