Reforma para elección popular de jueces en México queda lista para ser promulgada
La polémica reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que convierte a México en el primer país del mundo que elegirá a todos sus jueces por voto popular, quedó lista para ser promulgada tras lograr el apoyo de 18 congresos estatales.
La enmienda constitucional, aprobada el miércoles por la mayoría oficialista de izquierda en el Senado, necesitaba ser avalada por al menos 17 parlamentos regionales antes de ser sancionada por el mandatario.
"Ya aprobados 18 (estados), o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17", dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria.
El mandatario añadió que esperará a que finalice el trámite en las 32 entidades para firmar el texto, que luego deberá ser reglamentado por el Congreso federal mediante leyes secundarias.
México será así el primer país que elija por voto directo a todos sus jueces, incluidos los de la Suprema Corte, con lo que según López Obrador se limpiará de corrupción al poder judicial y se dará un "ejemplo" al mundo.
El presidente, cuya popularidad supera 70%, acusa al máximo tribunal de favorecer a políticos corruptos, al crimen organizado y de ser la trinchera de la oposición.
Pero magistrados del Supremo, Estados Unidos, una relatoría de la ONU y organizaciones de derechos humanos advierten que el voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico.
La elección de casi 1.600 funcionarios se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Podrán postular los actuales jueces. En caso de no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
Déficit investigativo
López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda en el marco de su enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas que ampliaban la participación estatal en el sector eléctrico y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
Sheinbaum, elegida por abrumadora mayoría el pasado 2 de junio, asegura que la reforma dejará atrás el "régimen de corrupción y privilegios".
La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según la propia Suprema Corte.
Pero oenegés como Impunidad Cero critican que la normativa no toca a las fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que también señalan de corrupción y de baja capacidad investigativa.
En estados como Guerrero, duramente golpeado por el crimen organizado, algunas morgues llevan sus registros en papel y carecen de sistemas para compartir información con sus pares, en un contexto en el que se decenas de miles de cadáveres permanecen sin identificar, según denuncias de los propios funcionarios.
Jueces sin rostro
La iniciativa tensó además las vitales relaciones con Washington y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado T-MEC, que convirtió a México en el primer socio comercial de Estados Unidos.
El proyecto fue aprobado tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales, aún en huelga, y estudiantes.
Debido a ello, las deliberaciones fueron trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, como ocurrió una semana atrás cuando la Cámara de Diputados tuvo que aprobar la norma en un polideportivo, pues su edificio fue bloqueado.
Funcionarios judiciales aseguran que los cambios eliminan los ascensos por méritos, mientras López Obrador sostiene que nadie será despedido.
Otro aspecto controversial de la reforma son los jueces sin rostro -figura aplicada en países como El Salvador en la guerra contra las pandillas- para preservar la identidad de los juzgadores en casos de crimen organizado. Activistas salvadoreños denuncian que ese mecanismo ha derivado en abusos contra inocentes.
El único caso similar al de México en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Sin embargo, la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).