Gracias, PJF, por la defensa del derecho a aprender
Director de Judicialización de Mexicanos Primero.
El día de ayer murió el Poder Judicial de la Federación (PJF) como lo conocíamos desde hace 30 años. Con ello, la protección judicial de los derechos humanos queda en el limbo y su efectividad dependerá de su concordancia con los objetivos del gobierno en turno.
Razones o excusas sobran para explicar la reforma al sistema de justicia pero, para algunas personas, una de ellas es que el PJF no hizo lo suficiente para defender los derechos de la gente. Me permito hacer frente a dicha aseveración con algunos asuntos que Mexicanos Primero y Aprender Primero emprendieron y que lograron avanzar el derecho a aprender. Es, también, un ejercicio para destacar la labor de un Poder del Estado Mexicano que se convirtió en el enemigo imaginario de otros dos Poderes que renunciaron al Estado de Derecho y al compromiso institucional dentro de una democracia constitucional liberal.
El primero es el juicio de amparo (A.R 323/2014) que permitió recuperar más de mil 266 millones de pesos correspondientes al presupuesto educativo del país, sentando un precedente inédito sobre la fiscalización de recursos y el ejercicio efectivo de los recursos públicos. En la demanda se reclamaron las omisiones cometidas por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de la cuenta pública, por lo menos desde el 2007 hasta el 2013, ya que no ejerció sus facultades para responsabilizar a las autoridades que cometieron los desvíos que esta misma había detectado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el ejercicio del derecho a la educación no es efectivo si no existe una fiscalización adecuada de los recursos destinados a ello. Además, la Primera Sala emitió 13 tesis aisladas derivadas de la resolución del asunto, las cuales comprenden criterios muy valiosos en lo relacionado al ejercicio del gasto y el cumplimiento del derecho a la educación, así como en el reconocimiento del interés legítimo, figura que ha permitido a decenas de organizaciones de sociedad civil más la defensa de diversos derechos humanos.
Otro asunto relevante es el juicio de Citlali (A.R. 272/2019), a través del cual se logró que fuera inscrita a la escuela de su comunidad y se hiciera todo lo posible para que recibiera una verdadera educación inclusiva. Citlali es una niña de origen mazahua con síndrome de Down, razón por la cual se le negó la inscripción a la escuela pública de su comunidad, pero también al Centro de Atención Múltiple que le correspondía, por considerar que su discapacidad no era tan severa. Así, Citlali, acompañada de sus padres, logró que la SCJN reconociera su derecho a la educación, ordenando que se le inscribiera a la escuela, se le asignara una maestra sombra y se hicieran una serie de ajustes razonables para que su inclusión fuera completa. El caso de Citlali forma parte de los cuadernillos de jurisprudencia de la SCJN y es un precedente relevante para la discriminación interseccional en el Sistema Educativo Nacional.
Por último, están también los diversos juicios promovidos para salvaguardar a las Escuelas de Tiempo Completo. A partir de 2020, el Gobierno Federal decidió que debían desaparecer, a pesar de proveer de alimentación y horas adicionales de clase a millones de niñas, niños y adolescentes (NNA). Estas escuelas no sólo redujeron la desnutrición y mejoraron los aprendizajes, sino que también se convirtieron en verdaderas redes de bienestar que beneficiaron, sobre todo, a madres solteras jefas de familia. Si no es por la batalla judicial emprendida, las Escuelas de Tiempo Completo hubieran desaparecido por completo.
Gracias a suspensiones y sentencias de amparo, las escuelas de este tipo sobrevivieron dentro del Programa “La Escuela es Nuestra”, reconociéndose el principio de progresividad en materia presupuestaria y las afectaciones que su no observancia generan en los derechos humanos, en este caso a la educación y a la salud.
Sin la intervención del PJF, la defensa del derecho a aprender y su judicialización no hubieran sido posibles. Gracias a todas las y los juzgadores que cumplieron con su labor y deber constitucional y empoderaron a NNA, maestras y maestros, y comunidades escolares completas. Gracias por resistir las presiones de la Secretaría de Educación Pública, de la Presidencia de la República y demás autoridades. No queda más que tener la esperanza de que el cambio de régimen permita seguir defendiendo estos derechos y, si no, tocará reconstruir piedra a piedra lo perdido.
Gracias, PJF, por la defensa del derecho a aprender.