Un parque se levantará sobre el antiguo complejo dotacional El Pilar, demolido por los trabajos de la línea 7B de Metro

La inestabilidad del suelo en el trayecto de la línea 7B de Metro, en la zona de San Fernando de Henares, ha supuesto un problemón para muchas familias que viven en la zona, y han visto sus viviendas dañadas y en algunos casos derribadas . Pero no sólo pisos; también algunos centros públicos se han visto perjudicados por la situación. Uno de ellos es el complejo dotacional El Pilar, que tuvo que ser derribado por los trabajos de la línea 7B de Metro. Sobre su parcela, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia este jueves que se construirá un parque de 12.000 metros cuadrados. Este es uno de los anuncios de Ayuso durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región, cuando apuntó la inversión de 5 millones de euros en este nuevo espacio verde, que estará listo a partir del segundo semestre de 2025. La obra va a ser ejecutada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, y ha sido proyectada en dos fases. Comenzarán en enero con el acondicionamiento de las calles limítrofes, donde se dará prioridad al peatón sobre los vehículos. El diseño del parque, aseguran en el Gobierno regional, se ha hecho teniendo en cuenta las aportaciones del Ayuntamiento de la localidad para atender las necesidades de los vecinos y afectados por la línea 7B. Este parque servirá a los vecinos de la zona para realizar diferentes actividades al aire libre, con zonas proyectadas con y sin sombras, para las distintas épocas del año, y con áreas deportivas, infantiles y recreativas, adaptadas a diferentes edades. Los problemas originados casi desde su inauguración en torno a la línea 7B del Metro ha desembocado, al cabo de los años, en un enorme problema para la actual administración autonómica. La presidenta Díaz Ayuso ha dado prioridad a su resolución, y órdenes a los diferentes responsables de la Consejería de Transportes para que se cubran todos los gastos originados a las familias a consecuencia de las obras y derribo de sus viviendas: desde la mudanza a los alquileres provisionales o los guardamuebles. Ahora se está en el proceso de resolución y pago de las indemnizaciones. El Ejecutivo las ha pagado ya a 67 familias de la localidad, por valor de casi 10 millones de euros, y bonificará el cien por cien de los tributos de gestión autonómica que estén relacionados con la compra de una vivienda por parte de los afectados.