El Tribunal Constitucional avala la regulación de los VTC en Andalucía que puso en pie de guerra al sector del taxi

Dos años después de que el sector del taxi en Andalucía se levantara contra la nueva regulación autonómica para los vehículos de transporte con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify, el Tribunal Constitucional ha avalado el decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz que permitía que siguieran operando en territorio urbano, aunque con ciertas restricciones. El grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso llevó ante el tribunal de garantías aquella norma, que modificaba veinte años después la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. El caso quedó en manos del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la respuesta del pleno este pasado martes, según fuentes del organismo, ha sido rechazar la totalidad del recurso y, en la práctica, avalar la medida que soliviantó al sector del taxi al sentirse “engañado y traicionado” por el Gobierno de Moreno.

Ninguno de los cuatro argumentos principales esgrimidos por el partido han pasado el filtro del Constitucional en un recurso que cuestionaba el decreto-ley en su conjunto. En primer lugar, Unidas Podemos cuestionaba que la norma se hubiera puesto en marcha de forma urgente sin que se dieran los requisitos de urgencia y necesidad para poder hacerlo, pero los magistrados del Constitucional consideran por unanimidad que sí concurrían. De ahí deriva la negativa al segundo argumento del partido, que denunciaba que se había dado audiencia a varias comisiones para informar: al ser un procedimiento urgente, no había que hacerlo.

También fracasa el tercer argumento del recurso: que la normativa andaluza invadía competencias estatales, algo que según el Constitucional no sucede. Y, finalmente, rechazan los magistrados que el recurso de Unidas Podemos de la pasada legislatura atacara de forma eficaz las supuestas vulneraciones de la ley en materia de igualdad entre el sector del taxi y el transporte VTC.

Aquellas restricciones establecidas en el decreto-ley andaluz fueron consideradas insuficientes por el sector del taxi para frenar “el intrusismo” al entender que era un “traje a medida de las plataformas y las multinacionales” mientras “deja en la cuneta a las 10.000 familias andaluzas del taxi” y sentenciaba al sector a “un futuro muy oscuro”, como lamentó David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi. En esta línea, la organización en defensa de los consumidores Facua Andalucía cuestionó la efectividad del decreto-ley para garantizar el “equilibrio” entre las dos modalidades, además de criticar que “no está pensado especialmente en la protección del consumidor”, como indicó su secretario general en la región, Jordi Castilla.

Un conflicto de largo

La sentencia llega en la misma semana en la que el Constitucional ha estudiado otra normativa autonómica sobre VTC, en este caso la ley balear de 2019, que obligaba a contratar estos servicios con un mínimo de 30 minutos de antelación. En esta ocasión, en que el objetivo era equilibrar la existencia entre el taxi y el VTC, el tribunal de garantías ha entendido que la medida vulneraba la libertad de empresa que consagra la Constitución.

Para contextualizar el asunto en cuestión hay que remontarse cuatro años atrás, a septiembre de 2018, cuando el Ministerio de Transportes dictó el conocido como decreto Ábalos con el que introducía cambios en el régimen jurídico del servicio de los VTC y ponía fecha de caducidad a las autorizaciones de este tipo de vehículos para realizar trayectos urbanos. El Gobierno central cedía a los gobiernos autonómicos la potestad de dictar una regulación propia respecto a los vehículos con chófer (como así hizo Andalucía, entre otras) otorgando una moratoria de cuatro años a los propietarios de licencia VTC hasta que la administración correspondiente abordara la cuestión y dejando en en manos de cada autonomía que, a partir del 1 de octubre de 2022, las plataformas de vehículos con chófer pudieran seguir ofreciendo servicios urbanos en los términos que cada autonomía decidiese. El decreto-ley andaluz se aprobó in extremis en el BOJA del 30 de septiembre de 2022.

Las manifestaciones multitudinarias por toda España en aquel 2018 precedieron a aquellas que se desarrollaron en el territorio andaluz en aquel conflictivo septiembre de 2022, donde los taxistas clamaban por una regulación que viniera a “poner orden” en el sector de los VTC y fin a lo que calificaban de “competencia desleal”, como denunciaban entidades como Élite Taxi Sevilla o la Unión Sevillana del Taxi, mayoritaria tanto en la ciudad de Sevilla como a nivel regional.