Camiones quemados, mordidas a cambio de contratos y amenazas: la guerra de las basuras que azota A Coruña

El incendio de seis camiones de la recogida de basuras de A Coruña, aparcados en la nave de la empresa concesionaria, y el despido del líder del principal sindicato de la limpieza, el STL, encausado como cabecilla de una supuesta trama corrupta son, hasta el momento, los últimos capítulos de un conflicto enquistado durante años y que obligó en dos ocasiones a declarar la emergencia sanitaria en la ciudad; la última, durante la huelga de este mismo verano. Que el fuego se iniciase poco después de que el último trabajador abandonase las instalaciones de PreZero, justo el primer día en el que se quedaban sin la vigilancia que mantenían desde el fin del conflicto, sólo acrecienta las sospechas de que fue provocado.

El ayuntamiento herculino no tiene dudas y pone el foco sobre el STL y su líder, Miguel Ángel Sánchez, investigado por delitos como blanqueo, estafa o cobro de mordidas a cambio de puestos de trabajo. “Estamos ante un acto intencionado de los mismos que quemaban contenedores”, aseguró la alcaldesa, la socialista Inés Rey.

El consistorio ha denunciado ante la Fiscalía un fuego que calcinó por completo cuatro de los vehículos y provocó daños en otros dos, daños que podrían haber sido mucho mayores. Según el informe de los bomberos de A Coruña, al que ha tenido acceso elDiario.es, a sólo 15 metros de distancia de los camiones estaba la instalación que les suministra el gas combustible. “Pese a estar tan cerca, no se vio afectada directamente por el fuego”, concluye el servicio contraincendios.

“Es una respuesta a la firmeza del ayuntamiento y la empresa frente al chantaje a la que fue sometida a la ciudad”, concluía la alcaldesa. Fuentes conocedoras del conflicto, que se extiende por tres lustros, coinciden en que el pie en pared del actual gobierno local ha supuesto un punto de inflexión. Y que su postura, coincidiendo con el cerco judicial al líder del STL, pueden estar poniendo el fin a una época y a una forma de actuar calificada por el portavoz municipal del BNG como “pseudosindicalismo mafioso”. Francisco Jorquera lo dijo en la televisión estatal en plena huelga y, tras su intervención, el STL anunció unas acciones legales de las que hoy en día sigue sin saberse nada.

Los nacionalistas reivindican su parte de mérito en la actitud contundente del ejecutivo socialista. No sólo por haber llevado el asunto por primera vez al pleno municipal durante la huelga encubierta de 2022, sino porque en el acuerdo de investidura firmado con el PSOE un año más tarde –meses después de la imputación de Sánchez– incluyeron la demanda de abrir una investigación interna para aclarar quién tenía realmente el control de la contratación y la promoción en la concesionaria.

“Éramos conocedores, sin manera de probarlo, de lo que pasaba allí dentro a través de otros sindicatos y de trabajadores represaliados por el STL”, recuerda Jorquera, quien enumera huelgas encubiertas de brazos caídos, el incumplimiento sistemático de los servicios mínimos o “todo tipo de actos vandálicos, por usar un calificativo suave”.

Del mismo modo, sabían que el problema de fondo “no eran tanto reivindicaciones laborales justas y legítimas como la tentativa de este presunto sindicato de mantener en la práctica el control de la contratación”, ya que eran ellos quienes “decidían a quien había que contratar y a quien no, a quienes promocionaban y quién quedaba marginado”.

“Demandamos esa investigación interna para llegar al fondo de la cuestión y extirpar ese tipo de prácticas”. Los nacionalistas entienden que la firmeza tanto del Gobierno local como de la concesionaria PreZero demuestran que están dispuestos a hacerlo.

El sindicato que controla la contratación

“Ahora mismo no estamos por la labor de atender a los medios”. Así habla la mujer que contesta al teléfono en la sede coruñesa del STL (Sindicato dos Traballadores da Limpeza), quien aprovecha para disparar contra todos los periodistas que los condenan sin escucharlos. Ese silencio sepulcral contrasta con la frenética actividad mediática que mantenía hace dos décadas un joven Miguel Ángel Sánchez, dispuesto a contestar a cualquiera que atacase a los trabajadores de la recogida o a la propia planta de Nostián, la alternativa coruñesa al modelo incinerador de Sogama. Aún faltaba un lustro para la creación del STL. Sánchez militaba en la CIG, el sindicato nacionalista mayoritario en Galicia, del que acabaría siendo expulsado. “Entre el sindicalismo reivindicativo y el gamberrismo hay una línea que es fácil traspasar”, recuerda un veterano dirigente que compartió trinchera con él a principios de siglo.

Su ascenso y primera caída, ya rodeado de sospechas por sus prácticas, fueron fulgurantes. En 2008 fundó el STL, en 2009 se convertía en presidente del comité de empresa con 11 de los 13 delegados y en 2010 lo despedían por motivos disciplinarios tras denunciar un fraude en el uso de fondos europeos. En medio de un cruce de demandas, huelgas y con la presión a favor del propio gobierno local, fue readmitido.

Durante la siguiente década, Sánchez y el STL ejercieron sin mayores problemas el control sobre la plantilla, en una relación laboral inédita que daba al sindicato poder sobre las contrataciones y las promociones. Una concesión que fue plasmada, negro sobre blanco, en el pliego de condiciones del servicio, elaborado durante el mandato de Marea Atlántica. Allí se incluye una cláusula que da prioridad en los contratos a personas que hubiesen trabajado eventualmente en la recogida; personas, en su mayoría, afines al STL, que entraban en la empresa a través de la supuesta trama de mordidas liderada por Sánchez.

Las cosas empezaron a cambiar después de que en diciembre de 2021, PreZero, –la división medioambiental del Grupo Schwarz, el propietario de Lidl– comprase la empresa concesionaria de la recogida de basuras, Ferrovial Servicios, la antigua Cespa. Los choques entre el todopoderoso sindicato y los nuevos propietarios saltan desde el primer día. “PreZero vio cosas muy raras”.

El STL no tarda ni tres meses en convocar una huelga. “Muy dura”, recuerdan en el entorno de la compañía. Se quemaron camiones, se les pincharon ruedas, ardieron contenedores... Las pérdidas superaron el medio millón de euros. Al igual que este verano, la situación obligó al ayuntamiento a decretar la emergencia sanitaria. PreZero decidió sancionar a varios trabajadores y abrir expedientes pero dio marcha atrás “por presiones del ayuntamiento”, como recuerdan fuentes próximas a la empresa. La huelga acabó desconvocándose.

Coches, motos, viajes, inmuebles...

Un año después, todo explota. En febrero de 2023, la policía nacional detiene a Sánchez, su mujer, Cristina Martínez, y otras dos personas vinculadas al STL. Los acusa de encabezar una trama que cobraba mordidas de 73 euros mensuales a personas en paro para incorporarlas a la concesionaria. Una de sus puertas de entrada era la empresa de economía social Imprego, creada y presidida por Martínez. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional, el matrimonio dio un espectacular salto en su nivel de vida en menos de un lustro: una docena de viajes de lujo a destinos “exóticos”, la compra de siete inmuebles –uno en Tenerife–, cuatro motos, cuatro turismos y un todo terreno, además de cientos de miles de euros en el banco y 45.000 más en efectivo.

Es entonces cuando PreZero rompe definitivamente con el sindicato: continuará controlando a la plantilla –utilizando a menudo la coacción, según denuncian los trabajadores díscolos, siempre de forma anónima– pero pierde el poder sobre parte de las contrataciones. En Navidad amagan con una nueva huelga, que se desconvoca sobre la bocina: el STL se compromete a poner fin al “insostenible” absentismo laboral, que tenía de baja a la cuarta parte de los 240 trabajadores cada día; a cambio, ejercerá la prioridad que el pliego de condiciones le concede en la contratación.

Un mes después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula el contrato del servicio de recogida de basuras, atendiendo a la denuncia de Valoriza, una de las empresas excluidas del proceso. PreZero sigue trabajando, al tratarse de un servicio esencial, a la espera de un nuevo concurso y de un nuevo pliego de condiciones. La empresa espera que de ese documento desaparezca la cláusula que permitió al STL ejercer su dominio sobre la plantilla.

La última huelga

Y llegó el último gran conflicto: la huelga de este verano. Comenzó después de San Xoán, una noche de fiesta en la que 160.000 personas tomaron con hogueras y sardiñadas las playas urbanas y las calles de la ciudad. Inicialmente, la protesta era contra la empresa concesionaria de la limpieza viaria, FCC, pero pronto cambió el viento y de nuevo fue PreZero el objetivo. “¿Los motivos reales del paro? Que Miguel Ángel quiere seguir controlando al menos una parte de las contrataciones para seguir cobrando y manejando la plantilla”, aseguran fuentes próximas a la concesionaria.

La situación, en pleno verano, pronto se hizo insostenible y, de nuevo, el ayuntamiento declaró la emergencia sanitaria, lo que permitió intervenir a la empresa pública Tragsa. El conflicto se mantuvo durante mes y medio, hasta principios de agosto, cuando la plantilla decidió en asamblea volver al trabajo. De los 77 asistentes, sólo 28 apostaron por continuar la protesta. Aquel día, Sánchez admitió que el STL salía “tocado” del conflicto. Y tenía razón. Desde entonces, casi medio centenar de empleados de la recogida se han dado de baja en la central.

El retrato que llega hoy de Sánchez –y al que él, con su mutismo, ni quita ni añade nada– dibuja una mezcla entre el Johnny Friendly de La ley del silencio y el Frank Sobotka de The Wire. “El Padrino se queda corto a nuestro lado”, contaba en La Voz de Galicia un trabajador que prefería mantenerse en el anonimato. Allí relató cómo se presionaba a los compañeros en las asambleas y las elecciones sindicales, a los que un grupo de representantes del STL les ponían la papeleta en la mano.

Tras su primera victoria arrolladora en 2009 en unos comicios en los que trascendieron las primeras sospechas de prácticas inadecuadas, la concesionaria le puso un detective a Sánchez. Tiempo después, éste declararía en el juzgado que el sindicalista lo amenazó “con lo que parecía la culata de una pistola”, mientras le decía: “sé donde vives y que tienes una mujer y un hijo”. Otra versión de la historia, más peliculera, cuenta que Sánchez –sabiéndose seguido–, se acercó al colegio de la hija del detective y le tocó la cara para que él pudiese verlo. Cierto o no, todo contribuyó a crear el mito de alguien que, hoy, parece estar viendo cómo su tiempo se acaba.

Dos días después del incendio de los camiones, PreZero comunicó a Sánchez y otros dos miembros del comité su despido, alegando irregularidades cometidas durante la huelga. La historia se repite pero, 14 años después, no parece que esta vez nadie vaya a interceder por él ante la empresa. “Su imperio languidece, pero va a morir matando”, coinciden tanto desde el ámbito sindical como desde las proximidades a la concesionaria.

A sus 54 años, este antiguo conductor del camión del turno de noche, se enfrenta a dos causas judiciales. Una en A Coruña –la que provocó su detención en 2023–, donde está investigado por estafa, blanqueo de capitales, corrupción, fraude a la Seguridad Social y descubrimiento y revelación de secretos; a esta se suma una más en Ourense por corrupción. “Es un tipo listo, no es fácil acabar con él”. Su defensa legal, cuentan, está en manos de “bufetes potentes” y los políticos temen lo que pueda haber en su ordenador porque Sánchez “lo graba todo”.