La manta corta de Milei: el costo de un veto cuando la inflación resiste
El dato de la inflación de agosto que el Indec comunicó hoy, poco después de conocerse el resultado de la votación en el Congreso sobre el veto a la ley que modificaba la fórmula de actualización de las jubilaciones, dejó expuesta la manta corta con la que el gobierno de Javier Milei busca cobijar su primer año de gestión.
La ratificación del veto a la iniciativa previsional significó un éxito político para una administración que debe lidiar con la escasez de representantes propios en el Congreso y que necesitó, en su primer desafío parlamentario tras la complicada aprobación de la ley Bases, jugar la figura del propio Presidente en la mesa de negociaciones, de manera de conseguir los votos necesarios para evitar que las cuentas fiscales del ministro Luis Caputo cayeran en rojo.
Pero también representó un costo social cuyas consecuencias aún no puede calcular, teniendo en cuenta que afectó a más de 7,5 millones de potenciales votantes para los comicios legislativos del año próximo en los que, precisamente, espera conseguir un triunfo que le ayude a modificar esa relación de fuerzas en el Parlamento.
El discurso oficial remarca que sostener el superávit fiscal permite bajar la inflación y que la jubilación mantenga un crecimiento real. Pero la suba de 4,2% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto dejó a los haberes previsionales expuestos a otra realidad. La última actualización determinó que las jubilaciones aumentaran 4,03% este mes, por detrás de ese registro inflacionario. Y si el IPC en septiembre es mayor a 3,07%, la pérdida para aquellos que cobran la mínima de $234.540 y el bono de $ 70.000 continuará.
El dato, señalado por el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadin Argañaraz, exhibe una señal de alerta. Porque si bien es cierto que el haber previsional de agosto tiene un incremento real de 6% frente al de noviembre de 2023, también es verdad que el bono que cobra casi la mitad de los jubilados no cambió en siete meses, por lo que aquél que lo percibe junto a la jubilación mínima tiene hoy una pérdida de poder adquisitivo de 2,5% en todo este lapso. Son más los meses en los que perdió el jubilado que en los que recuperó algunos puntos de ingreso, algo que se repite desde hace varios años.
Según la consultora Analytica, aún si la inflación volviera a descender y la jubilación recuperara terreno, cuando termine el 2024 quien percibe la mínima habrá perdido un 41% de poder adquisitivo en diez años. Demasiado para un sector desprotegido que sufre las consecuencias de un sistema casi quebrado.
Generar nuevo empleo es vital para financiarlo, pero el tiempo que requiere multiplicar los aportantes es, precisamente, lo que le falta a quienes ya hicieron su esfuerzo y hoy necesitan un retiro digno.