La necesidad de reordenar el sistema previsional

El sistema previsional argentino se enfrenta al dilema de cómo mejorar su sostenibilidad fiscal sin sacrificar la cobertura. Este desafío tiene la dificultad adicional de darse en el marco de un cambio demográfico acelerado y un contexto financiero complejo.

En la actualidad, más del 95% de la población mayor de 65 años cuenta con un beneficio previsional. Los haberes jubilatorios en promedio representan el 50% del PBI per cápita y el 160% del salario mínimo, lo que lo convierte en un beneficio razonable en base a parámetros internacionales. Sin embargo, esta adecuación y cobertura tiene un costo. En 2023, ANSES destinó aproximadamente el 8,3% del PBI en jubilaciones y pensiones (a lo que se debe sumar cerca del 2% del PBI financiado por las provincias), un porcentaje comparable con economías más envejecidas y muy alto para un país con una población aún joven en términos comparativos. De ese gasto, el 40% no fue financiado por contribuciones, sino por impuestos y transferencias del Tesoro. Gran parte de este déficit contributivo proviene del régimen general, mientras que los regímenes diferenciales y especiales, aunque más pequeños en términos proporcionales, también contribuyen al desequilibrio fiscal.

El sistema previsional no solo enfrenta problemas de sostenibilidad, sino también serias inequidades. Existen cerca de 200 regímenes especiales y diferenciales que, combinados, representan el 40% de los beneficios otorgados. Se han acumulado capas geológicas de excepciones, que incluye desde tipógrafos o dofeadores de rayón, hasta jueces de la Corte Suprema. Estos regímenes nacieron por algún tipo de excepcionalidad que permitió justificar un beneficio diferente al del régimen general que aplica al resto los trabajadores. Es razonable, e incluso está establecido por ley, discutir a qué sectores se requiere (o se desea) premiar con beneficios excepcionales y cuáles deben estar en el régimen general.

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Otro factor clave que complica el panorama previsional argentino es el envejecimiento sostenido de la población. En las últimas décadas, la tasa de fecundidad ha descendido, mientras que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Si en 1990 la esperanza de vida al nacer era de 71,8 años, hoy supera los 78 y se espera que alcance los 88,6 hacia finales de siglo. Al mismo tiempo, la proporción de personas mayores de 65 años en la población total ha aumentado del 8,7% en 1990 al 12% actual, y se proyecta que este grupo representará más del 30% de la población hacia 2100.

Este envejecimiento acelerado aumenta la ‘tasa de dependencia'; es decir, la cantidad de personas mayores de 65 años por cada 100 adultos en edad laboral. En 1990, esta tasa era de 17 personas mayores por cada 100 adultos; hoy es de 21, y se estima que llegará a más de 60 a finales de siglo. En este contexto, resulta imposible no discutir los parámetros actuales del sistema previsional y cómo se ajustan a una población distinta a la de hace 30 años atrás. La clave estará en pensar cambios de manera equitativa y ordenada, que le den al sistema sostenibilidad tanto financiera como política.

Ante este escenario, desde CIPPEC elaboramos una propuesta de reordenamiento del sistema previsional que busca mejorar la equidad y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El enfoque central de esta propuesta se basa en dos ejes: fortalecer el régimen general mediante un sistema de cobertura por pilares que mantenga la cobertura y mejore la equidad, y la reducción de gastos excepcionales injustificados para mejorar la sostenibilidad.

Uno de los cambios propuestos más urgentes es la eliminación de las moratorias, un mecanismo temporal que, en la práctica, se ha convertido en regla. En 2023, el 81% de las nuevas jubilaciones fueron otorgadas a través de este sistema de excepción. La propuesta es reemplazar las moratorias por un pilar universal de ingresos para adultos mayores, similar la actual Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM), al cual se le agregue un componente contributivo que premie todos los aportes efectivamente realizados a lo largo de la vida laboral de la persona. Este modelo busca ser más progresivo y equitativo, brindando mayores incentivos para la formalización laboral y evitando que los trabajadores pierdan los aportes realizados si no alcanzan los 30 años de contribuciones requeridos. Este cambio no implica mayores erogaciones y facilita el camino hacia el equilibrio fiscal.

Otra parte fundamental de la propuesta de CIPPEC es el reordenamiento de los regímenes especiales y diferenciales. Se propone dejar de aprobar nuevos regímenes de excepción y revisar los ya existentes para determinar cuáles deben mantenerse y bajo qué condiciones. Aquellos que no puedan justificar su continuidad deben ser integrados al régimen general. Esta medida generaría un ahorro fiscal significativo a largo plazo y contribuiría a reducir las desigualdades en el sistema.

En el caso de las pensiones por fallecimiento e invalidez, se propone la eliminación de las pensiones vitalicias para cónyuges jóvenes y la limitación de la duplicación de beneficios. Además, se sugiere adoptar reglas más estrictas para las pensiones no contributivas por invalidez. Estas reformas, en conjunto, no solo permitirían un ahorro considerable, sino que también reducirían los abusos y las inequidades dentro del sistema.

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Adicionalmente, CIPPEC propone asegurar la estabilidad fiscal del sistema ajustando los haberes previsionales en función del Índice de Precios al Consumidor (como se implementó recientemente), pero agregando un componente de ajuste por salarios reales que permita incorporar un aumento adicional anual vinculado a la evolución de los salarios reales. Esta propuesta busca garantizar previsibilidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Si bien implica un mayor gasto futuro, sólo ocurriría en un contexto de crecimiento económico, en el que los recursos crecen más rápidamente.

El reordenamiento del sistema previsional no es solo una cuestión de números, sino de equidad intergeneracional. Garantizar un sistema más equitativo y sostenible es clave para asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Las reformas planteadas buscan reducir el gasto fiscal y también corregir las profundas inequidades que existen en el acceso y los beneficios del sistema. El tiempo para construir un consenso amplio que permita llevar adelante los cambios necesarios es ahora. La finalización de la moratoria previsional en 2025 representa una ventana de oportunidad única para avanzar en estas reformas estructurales y debemos llegar a ese momento habiendo construido una alternativa superadora que fortalezca el sistema para las próximas décadas.