Alcalá de Henares investigará los contratos a familiares de dos concejales del PSOE

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que encabeza Judith Piquet , del Partido Popular , anunció ayer una comisión especial de investigación sobre los contratos del PSOE en la anterior etapa municipal por miles de euros a negocios de familiares de dos de sus concejales. La comisión se votará en el pleno del ayuntamiento del próximo martes 17 de septiembre. La portavoz adjunta del equipo de gobierno local, Orlena de Miguel, compareció ayer para informar de una decisión que ha tomado el PP para abrir una comisión especial sobre la adjudicación de contratos a familiares de dos concejalas del anterior gobierno socialista de Alcalá, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, que siguen formando parte de la corporación municipal. En concreto, las contrataciones objeto de investigación ascienden a cerca de los 40.000 euros adjudicados a empresas de comunicación y de artes gráficas a través de contratos menores. Los contratos se adjudicaron entre 2019 y 2023, en la etapa en que gobernó el PSOE de Javier Rodríguez Palacios. Al conocer los contratos, la alcaldesa encargó la realización de dos expedientes de información reservada en relación con la posible existencia de irregularidades, con el fin de constatar la existencia o no de hechos que pudieran ser constitutivos de falta disciplinaria u otro tipo de responsabilidad. El PP quiere que en la comisión se determinen las responsabilidades políticas por las actuaciones llevadas a cabo en ese periodo, con el anterior equipo de gobierno. El PP considera constatado que en el mandato de 2019 a 2023, bajo el gobierno municipal socialista, se adjudicaron «numerosos contratos menores a las empresas de familiares de sus concejales». Estos contratos, apuntan los populares, fueron aprobados en el seno de la junta de gobierno, donde la mayoría de las ocasiones las dos concejalas estaban presentes. «Más allá de las responsabilidades jurídicas que pudiesen dirimirse en un juzgado y al que por supuesto acudiremos, el equipo de gobierno actual quiere aclarar todas estas responsabilidades», advierten en el PP, donde miran «no solo a las dos concejalas señaladas, sino a los miembros de corporación y otros altos cargos eventuales y de confianza del gobierno anterior, inmersos en este irregular y amoral procedimiento de contratación con familiares». La portavoz adjunta del gobierno municipal de Piquet recordó que la ley de contratos del sector público «prohíbe que personas relacionadas con cargos electos contraten con el sector público». En concreto, puntualizó, se hace referencia a «cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad». «Es evidente que los comportamientos de estas personas que siguen siendo concejales socialistas y ex miembros de la junta de gobierno caen bajo este apartado de la ley», advirtió. El PP se dirigió así al portavoz socialista, ante la comisión especial de investigación que puede aprobarse en el ayuntamiento: «Queremos saber si está comprometido de manera real con investigar posibles casos de corrupción en la administración pública o solo en el uso partidista de todas las instituciones de Estado para crear bulos que tapen la propia corrupción de su partido a nivel nacional y de su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares». El PSOE, por su parte, expresó su «total tranquilidad» ante unas declaraciones que «dejan en evidencia el nerviosismo del equipo de gobierno y muy especialmente de la alcaldesa, Judith Piquet, para no hablar de su nefasta gestión y sus problemas con la Justicia». «Confiamos en que nada de lo afirmado tiene consecuencia penal alguna», subraya el PSOE, que votará a favor de la comisión de investigación.