Estado de derecho: la meta de la Reforma Judicial

Dos temas ocupan hoy la agenda mediática y la opinión pública. Uno es un reality show, como muchos otros que han existido en años anteriores: polémico, escandaloso y lleno de morbo. El segundo es la Reforma Judicial.

La Reforma Judicial debería ser el tema en el que todos los ciudadanos estemos pensando y comentando; sin embargo, hoy no encontramos un análisis profundo y claro sobre los cambios propuestos en dicha reforma, sino solo posicionamientos polarizados y una prisa desmedida por aprobarla sin un diálogo extenso entre el legislativo y los ciudadanos.

Para entender la importancia trascendental de esta reforma, en este Debate Puntual me gustaría partir de una pregunta: ¿qué entendemos por Estado de Derecho? Según The World Justice Project (WJP), el Estado de Derecho es un sistema de justicia en el que la ley se aplica a todos por igual: al Estado, a las entidades, a las instituciones y a las personas, sin importar su posición social, económica o política.

En este sistema, los derechos fundamentales están protegidos, incluyendo los derechos humanos, civiles y políticos; el gobierno está limitado por la ley y es responsable ante el pueblo; hay un sistema judicial independiente e imparcial que resuelve los conflictos de manera justa y eficiente; y, del mismo modo, se garantiza la seguridad jurídica para que las personas puedan planificar sus vidas y negocios con confianza.

Ahora bien, si queremos saber cómo está evaluado nuestro país en el contexto internacional, los datos de WJP mencionan que México ocupó el puesto 116 de 142 países evaluados en el Índice Global de Estado de Derecho 2023. Algunos de los puntos destacados de la evaluación en México son los siguientes: Restricciones al poder gubernamental: México obtuvo una puntuación baja en este factor, lo que indica que existen debilidades en los mecanismos para limitar el poder del gobierno y proteger los derechos individuales. Abuso de poder: La puntuación en este factor también fue baja, lo que sugiere una alta percepción de abuso de poder por parte de funcionarios públicos. Orden y seguridad: México obtuvo una puntuación baja en este factor, reflejando los problemas de violencia y criminalidad que enfrenta el país. Imparcialidad judicial: La percepción de imparcialidad del sistema judicial en México es baja, lo que indica que la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales es limitada.

En contraste, Dinamarca ha sido consistentemente reconocido como uno de los países con el mayor nivel de Estado de Derecho a nivel mundial. En 2023 ocupó el primer lugar, destacado por los siguientes factores: un alto nivel de institucionalidad, respeto a los derechos humanos, cumplimiento de la ley, y un fuerte compromiso con los principios democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas.

El polo opuesto se ejemplifica con Venezuela, que ocupó el último lugar de 142 países. Venezuela enfrenta una profunda crisis en términos de respeto a la ley, protección de los derechos humanos, libertad de expresión, corrupción y debilitamiento de las instituciones democráticas. ¿Esto queremos para México?

La propuesta que hoy se evalúa en el Senado y la Cámara de Diputados radica en llevar a elección popular a los jueces y magistrados. No considera el gran conflicto que conlleva registrar a al menos 40,000 aspirantes y el costo de hacerlo con transparencia y democráticamente. Tampoco propone de manera clara el problema de fondo que hoy vivimos todos: la injusticia e ineficiencia en la impartición de justicia. Si queremos una reforma que funcione, deberíamos responder sin dudar lo siguiente: ¿Cómo se evitará el nepotismo, la corrupción y el amiguismo ya existentes en las instituciones mexicanas para garantizar la idoneidad y honorabilidad de los 1,600 cargos judiciales que serán por elección popular? ¿Cómo evitar que se repliquen los terrores de las campañas políticas al nivel de jueces, magistrados y ministros? ¿Cómo beneficia la reforma a un sistema judicial que hoy permite una alta impunidad en delitos a todos los niveles? ¿La justicia social se logra debilitando instituciones y poderes?

Mi respuesta a las preguntas planteadas es que no se plantea nada de esto en la Reforma, por lo que no ayudará a contar con un mejor Poder Judicial; solamente se está mermando y exponiendo a un proceso de preselección de jueces y magistrados del gobierno en turno, y a su favor. Aunque nos duela, las historias de transas, traiciones, corrupción, fraudes, desfalcos, despojos, injusticia y hasta francas violaciones a la ley son cosas de todos los días; tristemente, la impunidad se ha vuelto la normalidad para muchos mexicanos y ahí radica la importancia de buscar una mejora, pero lo que hoy tenemos es retroceso.

Urge llevar la conversación a ese nivel, a tener la información adecuada, sin letras chiquitas, y dejar de ver todo a través de los colores de los partidos políticos o personajes populares que ostentan y ejercen el poder. Solo así podremos construir el México al que todos aspiramos.