Aquí no hay quien gobierne: Formentera, la isla paralizada por un presidente rebelde contra el PP

La crisis política en la que está sumida Formentera desde hace más de nueve meses parece no tener fin y semana tras semana ofrece nuevos giros inesperados que han dejado a la institución sin capacidad de actuar en campos decisivos. Los desafíos no cesan de crecer en una isla azotada por la falta de acceso a la vivienda, la carestía de la vida, una temporada turística que no será para recordar y las permanentes amenazas a sus delicados espacios naturales. 

Esta semana, el presidente no adscrito del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, anunció que volvería a constituir la Junta de Gobierno gracias a un acuerdo con sus exsocios de Sa Unió (PP y Compromís -la derecha local-), pero en menos de una hora la coalición lo desmintió rotundamente.

De esta manera, el Consell de Formentera, que aglutina en una sola administración competencias locales (como ayuntamiento) y autonómicas (delegadas por la comunidad), dispone de un ejecutivo formado por solo dos personas -él y el conseller de Turismo- que no cuenta con vicepresidencia ni con Junta de Gobierno por falta de consellers, elementos “necesarios” de la institución, según la Ley de Consells.

Denuncias, grabaciones y expulsiones

Este ha sido el último capítulo de un trance que empezó en noviembre de 2023, apenas medio año después que Sa Unió consiguiese una histórica doble victoria: la mayoría absoluta en el Consell tras 18 años de gobiernos progresistas y el escaño de Formentera en el Parlamento autonómico. Todo se torció cuando el presidente y también diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, planteó retirar el “apoyo incondicional” al gobierno autonómico liderado por Marga Prohens (PP).

A los pocos días, la coalición de PP y Compromís aseguró en rueda de prensa que Córdoba estaba arruinado y que había pedido un sobresueldo de 4.000 euros a cambio de su voto en el Parlament. Córdoba lo negó y sostuvo que era Sa Unió la que necesitaba dinero para pagar el alquiler de su local en la capital de la isla, Sant Francesc. 

Desde entonces, la deflagración ha ido a más, pasando por la expulsión de Córdoba de la coalición de la que fue cabeza de lista en dos elecciones y por la destitución de José Manuel Alcaraz (líder del PP local) de sus cargos de vicepresidente y conseller de Promoción Económica y Administración Insular.

Sin embargo, la animadversión entre el presidente y Sa Unió no la ha secundado al Partido Popular de Balears, que ante el incierto equilibrio parlamentario del Govern de Marga Prohens, se ha mostrado reticente a apoyar al PP de Formentera y romper abiertamente con el diputado Córdoba. De hecho, el portavoz del Govern balear, Antoni Costa, el mismo que confirmó en diciembre que Córdoba quería “condicionar la estabilidad” del ejecutivo Prohens y que afirmó que “lo que dijeron los representantes de Sa Unió” sobre los sobresueldos era “cierto”, rechazó el pasado julio en Ràdio Illa pedir la dimisión del presidente del Consell. 

Por su parte, Córdoba ha acusado a Alcaraz de querer ocupar su cargo y de grabar y difundir conversaciones privadas, cosa que ha denunciado ante la Guardia Civil. La coalición, que sostiene que estas grabaciones demuestran la petición de sobresueldos, anunció en un primer momento que las llevaría ante la Justicia, cosa que finalmente no llevó a cabo. Lo que sí que hizo Sa Unió es formalizar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en Palma, para acusar al presidente de prevaricación, malversación, cohecho y abuso de poder en las adjudicaciones de los lotes de playa.

Llorenç Córdoba, presidente de Formentera, ha denunciado al líder del PP por grabar y difundir conversaciones privadas. Por su parte, la coalición de derechas de la que forma parte el PP ha denunciado a Córdoba por prevaricación, malversación, cohecho y abuso de poder

Ante la oposición no solo de Sa Unió, sino del resto de las formaciones del Pleno (Gent per Formentera y PSOE), Córdoba defendió que las codiciadas concesiones de los chiringuitos no debían adjudicarse de acuerdo con el criterio de la mesa de contratación. Finalmente, se lograron adjudicar como indicaba esta mesa técnica, aunque los quioscos solo han empezado a trabajar a medio verano, después que el trámite se dilatase y el presidente, también conseller de Litoral, se apartase voluntariamente del asunto para evitar que el resto de consellers del Pleno aprobasen su recusación.

Un Consell con dos miembros en el Gobierno 

Este episodio ha sido uno de los más tensos en los meses en que el Gobierno insular de Sa Unió contaba con un presidente no adscrito que iba por libre y unos consellers que apenas se comunicaban con él, pero al menos, el Consell estaba operativo. 

Pero a finales de junio el Gobierno implosionó. Dimitieron seis de los ocho miembros del Gobierno insular, tras unas negociaciones que fracasaron y en las que el presidente se negó a readmitir al destituido Alcaraz. La primera consecuencia de esta estampida fue la imposibilidad de convocar la Junta de Gobierno, el principal órgano ejecutivo del Consell, por falta de quórum. 

Desde entonces, junto a un presidente que ostenta todas las competencias de los consellers que han renunciado o que él ha cesado, solo permanece en el Gobierno insular el conseller de Turismo, Vivienda e Innovación, Artal Mayans. A pesar de pertenecer a Sa Unió, Mayans prefirió no seguir a sus compañeros y continuar en el cargo porque “en temporada turística” deben tomarse “decisiones diarias”. Así las cosas, Córdoba no gobierna solo, pero tampoco está bien acompañado. El titular de Turismo y Vivienda sigue la dinámica de Sa Unió, vota con la coalición y siempre que puede pide la dimisión de su presidente, como hacen el resto de los consellers del Pleno.   

Como dimitieron seis de los ocho miembros del Gobierno insular, Llorenç Córdoba ostenta todas las competencias de los políticos que han renunciado o que él mismo ha cesado. Solo permanece en el cargo el conseller de Turismo, pero no apoya a Córdoba

Dudas sobre la legalidad de los actos del Consell

En todo caso, con un ejecutivo con solo dos miembros, sin nadie en la vicepresidencia y sin capacidad de convocar la Junta de Gobierno, el Consell se encuentra en “terreno ignoto” y con serias dudas sobre la legalidad de sus actuaciones, como expone el secretario insular, Àngel Custodio Navarro, máxima autoridad jurídica de la institución.

Este jurista, que ha sido profesor de Derecho Administrativo y Civil en la Universitat de les Illes Balears (UIB), apunta que, debido a la ausencia de los citados órganos, el Consell de Formentera no puede imponer sanciones graves, ni emitir licencias de obra mayor en suelo urbano y rústico, además de en materia patrimonial e histórica. La contratación pública a partir de 15.000 euros es “muy complicada” porque corresponde a una Junta de Gobierno que no existe y los letrados del Consell han tenido que orquestar una solución “provisional” para este verano, pero “quizás de legalidad controvertida” porque “contradice el sistema de la Ley de Consells”. 

Así lo explica Navarro en un extenso informe remitido al Consell Consultiu de les Illes Balears (órgano superior de consulta de la comunidad, como lo es el Consejo de Estado a nivel nacional) para que arroje luz a un escenario que ningún legislador previó. En el documento destaca que la inexistencia de la Junta de Gobierno “es muy grave, porque el pueblo queda desapoderado de unas herramientas de control y fiscalización de unas competencias que o no se ejercen, o se ejercen a medias o, en el peor de los casos, se estarían ejerciendo por quien no corresponde”. Además, plantea preguntas que describen la gravedad del escenario: “¿Tendría que existir el Consell Insular de Formentera, como tal, si no hay Junta de Gobierno?”.

No hay vicepresidencia y no hay posibilidad de convocar la Junta de Gobierno. El jurista Àngel Custodio Navarro apunta que, ante esta situación, el Consell de Formentera no puede, por ejemplo, imponer sanciones graves. Además, está comprometida la contratación pública a partir de 15.000 euros

Un presidente contra 16 consellers

A estas dudas existenciales y capacidades recortadas se le suma la falta de impulso político que 16 de los 17 integrantes del Pleno insular afean al presidente del Consell. En el Pleno de agosto, el cesado Alcaraz (PP) puso sobre la mesa incógnitas como si se podrán ejecutar y justificar las inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation, que en el presupuesto de 2024 suponen un total de 4,5 millones de euros. Otros interrogantes son qué proyectos presentará el Consell para conseguir partidas del Impuesto de Turismo Sostenible o qué avances se llevan a cabo para sanar la más grave herida de la sociedad insular, la falta de acceso a la vivienda.

La Plataforma SOS Vivienda Formentera planifica próximas movilizaciones en coordinación con otras entidades del archipiélago y desde hace meses reprocha al Consell la falta de actividad para afrontar una problemática que causa graves dificultades a la hora de contratar personal en escuelas, el Hospital o las empresas turísticas y deja sin esperanza a las personas no propietarias que aspiran a desplegar un proyecto de vida en la isla.  

En las últimas sesiones plenarias los tres grupos políticos con representación han insistido en el hecho que el presidente se limita a concluir los proyectos encarrilados en la anterior legislatura o bien llevar a aprobación asuntos, como las subvenciones, que se tramitan por el esfuerzo de los trabajadores públicos. Incluso cuando estas se han aprobado, los consellers han señalado que algunas ayudas han llegado con un retraso de meses, como las dirigidas al frágil sector agrícola y ganadero, y además no han incluido los incrementos en la partida que el presidente anunció a principios de año que “intentaría” aplicar, después que en 2023 estas subvenciones no se publicaran.

Gent per Formentera (GxF), en la oposición, ha denunciado que Formentera.eco, el innovador sistema que desde 2019 limita el número de vehículos de visitantes y de la flota de alquiler, ha funcionado este verano a medio gas, sin publicar las propuestas de sanción, con cámaras de control estropeadas y, durante semanas, cobrando la tasa correspondiente al año pasado.

En el último Pleno, la portavoz de la formación, Alejandra Ferrer, se dirigió al presidente para denunciar que en plena área protegida “hay bares que se convierten en discotecas” porque con la falta de potestad sancionadora se ha generado un marco en que “todo el mundo hace lo que quiere, más o menos como hace usted”.

El PSOE subraya desde la oposición que la regulación del fondeo en el Estany des Peix, que tenía que poner orden a una laguna protegida en el corazón del Parc Natural de ses Salines, ha quedado a medio implementar. Ante las dudas de si está permitido o no fondear sin título habilitante, han proliferado numerosas embarcaciones que hacen un uso 'de facto' del Estany. Además, ha caducado el convenio con el que el Govern habilitaba al Consell para regular el fondeo y todavía no se ha aprobado de forma definitiva la adjudicación de los amarres a los usuarios que consiguieron plaza en la regulación.

El presidente: que vuelvan y “se pongan a trabajar” 

A estas acusaciones y ante las peticiones de dimisión que le caen desde todas las sensibilidades políticas del Pleno, Córdoba ha respondido en la sesión de agosto con una invitación a sus antiguos socios de gobierno de Sa Unió para que vuelvan al ejecutivo que abandonaron a finales de junio “para presionarle y coaccionarle” y “se pongan a trabajar”. Incluso ha ofrecido públicamente montar una Junta de Gobierno “multicolor” con consellers de diferentes formaciones. Pero desde Sa Unió, Gent per Formentera y PSOE reiteran que no quieren saber nada de un presidente en quien no confían y que es incapaz de mantener y liderar un equipo de personas que trabajen en un proyecto colectivo.  

Ante este bloqueo y la negativa de Córdoba a dimitir, GxF intentó en julio una moción de censura que contó con la complicidad del PSOE, pero que necesitaba el apoyo de al menos parte de Sa Unió para ser aprobada. El partido, que a excepción del actual, ha estado en todos los gobiernos desde la creación del Consell de Formentera en 2007, propuso presidir un ejecutivo alternativo apoyado por el PSOE y los consellers de Sa Unió que pertenecen a Compromís. Sin embargo, esta formación lamentó desde el primer momento tener que excluir a sus socios del PP y finalmente no aceptó la presidencia para GxF. 

En agosto fue el turno de Sa Unió, que sondeó a la oposición en busca de apoyos. No obstante, la propuesta no ha cuajado y GxF dejó claro desde el principio que no pactaría sin que los líderes de los dos partidos que conforman Sa Unió y que invistieron a Córdoba renuncien a sus actas de consellers. 

Reformas para desbloquear el Consell 

El presidente fue el primero en buscar una solución jurídica para superar las disfunciones que sufre la institución y propuso una reforma del Reglamento Orgánico del Consell (ROC) en un Pleno extraordinario celebrado en el mes de julio. La proposición, que no prosperó y solo obtuvo el voto a favor de Córdoba, pasaba por delegar provisionalmente algunas de las competencias de la Junta de Gobierno hacia el Pleno y el propio presidente. Ello conllevaba celebrar plenos con más periodicidad y cargar el orden del día de asuntos sobre los cuales los consellers que no forman el Gobierno tendrían que decidir y, eventualmente, responsabilizarse de ellos. Alejandra Ferrer, de GxF, fue clara al justificar su negativa: “No podemos votar esta solución de gobierno unipersonal porque no confiamos en el presidente”.

En el siguiente Pleno se aprobó, con el apoyo de todas las formaciones y la abstención de Córdoba, instar al presidente a plantear una cuestión de confianza, aunque de momento el jefe insular no ha hecho uso de esta potestad y nada indica que lo vaya a hacer a corto plazo. Para remediarlo, en la última sesión plenaria, Sa Unió y PSOE han aprobado sendas proposiciones para impulsar reformas normativas con la finalidad de obligar al presidente a presentar la cuestión de confianza en caso de que el Consell opere, tal como sucede actualmente, sin Junta de Gobierno ni vicepresidencia. Con todo, esta vía puede llevar meses antes de que la medida sea realmente efectiva. 

De momento, la única formación que habla sin tapujos de “inviabilidad” del Consell ha sido Gent per Formentera, pero su petición para declararla y activar la maquinaria que desembocaría en la creación de una comisión gestora provisional y el adelanto electoral no ha sido aprobada en el Pleno de agosto. Alcaraz, de Sa Unió, manifestó que “dentro del esperpento que estamos viviendo, no tenemos la situación de Marbella”, en referencia al único municipio que hasta ahora se ha acogido a este procedimiento. El PSOE, por medio de Rafael Ramírez, ha expuesto: “Antes de que se declare la inviabilidad, que sería grave, quedan cartuchos por disparar”.