Una juez lleva a Alvise Pérez ante la Fiscalía del Supremo por amenazarla en redes sociales

La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo una batería de mensajes vertidos por Luis Pérez Fernández -conocido como Alvise- en su canal de Telegram para que los estudie por si considera que hay indicios de amenazas y represión de la función jurisdiccional suficientes para presentar una denuncia ante la Sala Segunda, donde el líder de Se Acabó la Fiesta (SAF) tiene aforamiento en calidad de eurodiputado . Se trata de la misma magistrada que entiende de la querella presentada por el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, contra el integrante de las listas electorales de SAF Vito Quiles por delitos de calumnias. Él, por cierto, está citado como investigado el próximo 25 de noviembre, después de personarse en la causa en el mes de junio. A esa fecha se remontan los hechos. La magistrada, al intentar sin éxito que Quiles compareciese en el juzgado en relación a la querella, libró orden a la Policía para que averiguasen su paradero y le notificasen la existencia de la causa. En el preámbulo de aquella resolución se recogía por error, según aclararía luego el juzgado, que debía también ser arrestado y puesto a disposición de la magistrada. A resultas, Alvise Pérez publicó un mensaje ante las decenas de miles de personas que integran su grupo de la red social Telegram dando «24 horas» a la juez para rectificar aquel auto, so pena de publicar, decía, «cosas sobre la definición del término 'soborno'». Lo siguiente fue dar a entender que había llamado a la magistrada por teléfono y arrogarse el mérito de aquella rectificación, que efectivamente se produjo porque realmente había un error en la resolución. En aquel momento, el secretario general de FACUA trasladó por escrito a la magistrada los mensajes para que tuviese conocimiento. Tras estudiarlos, ha tomado la determinación de elevarlos a la Fiscalía del Tribunal Supremo, «en tanto que los dos mensajes de Telegram aportados por la parte querellante contienen expresiones referidas a la proveyente como Magistrada Jueza de éste Juzgado que pueden constituir amenazas y represión a la función jurisdiccional ». «Se acuerda se libre testimonio de los particulares que se dirán a continuación y su remisión a Fiscalía del Tribunal Supremo a fin de que de estimarlos delictivos presente la oportuna denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo », dice la resolución, adelantada por eldiario.es y consultada por ABC. De este modo, será el Ministerio Público quien haya de tomar una decisión. Si considera que de los mensajes se desprenden indicios de delito, el caso acabaría en manos de la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena.