El Gobierno, tras la polémica del 'caso Candi': los agresores que cambien de sexo «no podrán evitar» responder a delitos de violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la polémica que ha suscitado el caso de Candi, mujer transgénero con condenas por malos tratos, ha asegurado este jueves que existen instrumentos normativos «suficientes» que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans en la inmensa mayoría de los casos y ha agregado que «aunque el agresor cambie el sexo en el Registro Civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género cometidos». «Nuestra prioridad es proteger a las mujeres víctimas de violencia y avanzar también en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, frente a quienes pretenden retroceder. Y les diré que aquellos que insisten en esta irresponsable actitud no solo están desprestigiando esta ley y los derechos de este colectivo, sino a nuestro propio ordenamiento jurídico constitucional«, ha explicado ha advertido la ministra durante su comparecencia ante en la Comisión de Igualdad del Congreso. Redondo ha pedido luchar contra la «crispación» y ha avisado a los que abusen de la Ley Trans de que van a tener que enfrentarse al fraude de ley, que ha recordado que ésta prohibido en el Código Civil. «Porque señorías, el problema no es la ley, que en la inmensa mayoría de supuestos se aplica correctamente. El problema lo tienen quienes abusan de la ley. A estos individuos, y a quienes los alientan, tengo que decirles claramente que se van a encontrar con dos problemas en vez de uno: Van a tener que enfrentarse a los delitos derivados de sus actitudes violentas y van a tener que enfrentarse al fraude de ley, que está prohibido con carácter general en los artículos 6 y 7 del Código Civil«, Así lo ha puesto de manifiesto la ministra sobre los casos de fraudes a la Ley Trans de agresores que se cambian de sexo para eludir condenas de violencia de género. Redondo ha informado de que se han solicitado un total de 5.900 cambios registrales de sexo, de los que 85 ha dicho que han sido denegados, ocho solicitantes han desistido y en cinco ha caducado el expediente. «Los encargados del registro hacen bien su trabajo y cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho deniegan la inscripción. En el 99% de supuestos la normalidad y el buen uso de la ley es la tónica», ha defendido. En este sentido, Redondo ha acusado a «quienes desde posiciones maximalistas han intentado y siguen procurando desprestigiar y atacar la igualdad de derechos y las políticas encaminadas a remover los obstáculos que impiden la equidad, en este caso, de las personas LGTBI+». En este punto, ha hecho alusión a organizaciones que «con la clara estrategia de poner en cuestión la ley», tratan de «promover el fraude». Además, ha apuntado que también hay hombres «que se prestan a interpretar este sainete». Asimismo, Redondo ha tildado de «inhumanas y antidemocráticas» las actitudes que dicho que contribuyen a «seguir juzgando, arrinconando y perjudicando a un colectivo extremadamente vulnerable e históricamente indefenso como el que constituyen las personas trans». También ha recalcado en su discurso que si hay fraude en la aplicación de la ley, «se detecta, se denuncia y se interviene», como se hace con respecto «a cualquier otra ley». «Porque a nadie se le ocurriría pedir la modificación o derogación de leyes por el simple hecho de que cada día se produzcan decenas, cuando no centenares, de abusos», ha subrayado. Finalmente, Redondo ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» y ha pedido concentrar «esfuerzos» para «luchar contra el alarmismo, para luchar contra la crispación, para seguir mejorando en colaboración y en consensos y ensanchar los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBI y con ellos».