País acierta teoría en lucha contra cambio climático, pero falla en llevarla a la práctica, señala Defensoría

La lucha de Costa Rica contra el cambio climático está inmersa en la gran contradicción de tener una buena teoría pero muchos problemas para ponerla en práctica, advirtió Ana Karina Zeledón Lépiz, directora de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes dio durante el Foro de Sostenibilidad 2024 de La Nación.

La llamada de atención también la hizo el Informe Estado de la Nación 2023, según el cual tanto las políticas públicas como la legislación en materia ambiental en Costa Rica están bien diseñadas, son robustas y cubren lo necesario para que un país mitigue el impacto del cambio climático. No obstante, la falta de capacidad para concretar esas políticas resulta en incumplimientos y contradicciones.

“Costa Rica ocupa el puesto 61 en el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Estamos muy bien en relación con otros países de Centroamérica, pero tenemos la alerta de que nuestra debilidad en materia de infraestructura pública nos pone en riesgo. Lo vemos cada vez que hay una tormenta tropical y nuestra infraestructura colapsa“, ejemplificó Zeledón.

Cuando se trata de aciertos, Zeledón mencionó el compromiso con la mitigación y la sólida política de adaptación al cambio climático.

“Una apuesta ambiciosa que toma las amenazas del cambio climático como oportunidades. Esa es una meta muy, muy ambiciosa”, recalcó.

También mencionó la política nacional de descarbonización y la transición hacia energías renovables. Además, la gran cantidad de territorio protegido y la promoción como un destino de turismo verde.

Paradojas que riñen con la sostenibilidad

Frente a esos aciertos están lo que Zeledón llamó paradojas, ya que reflejan las consecuencias de malas decisiones ambientales.

Señaló, por ejemplo, que en 2022 las emisiones de carbono a nivel nacional subieron un 11,55%; además, la temperatura aumentó 0,8 ºC en el último siglo.

A esto se le añade el insuficiente saneamiento de las aguas residuales, que también había sido denunciado el año pasado por el Estado de la Nación. El 77% de las aguas residuales no reciben el tratamiento adecuado, y solo un 23% se recolectan mediante alcantarillado sanitario.

Precisamente, un voto de la Sala Constitucional que trascendió el jueves 29 de agosto obliga a los gobiernos locales de Jacó, Quepos, Golfito y Palmares y al Instituto de Acueductos Alcantarillados (AyA) a realizar todas las acciones necesarias para garantizar una planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario en estas comunidades. La Sala les dio un plazo máximo de dos años para tener los servicios funcionando.

“El tanque séptico fue una idea novedosa al carecer de una solución de alcantarillado, pero tiene sus debilidades, y está generando filtraciones, que se van a la tierra y de ahí a los mantos acuíferos”, manifestó Zeledón.

Otro problema relacionado es el faltante de agua potable y sus serios problemas de abastecimiento. “Entre 2023 y 2024 las denuncias por falta de agua en la Defensoría crecieron en un 480%”, subrayó.

¿Qué derechos humanos se lesionan con esta situación?

Esta contradicción se traduce en lesiones a los derechos humanos de los ciudadanos. Entre estos:

Derecho a un medio ambiente sano. Hay degradación del ambiente y desequilibrio en los sistemas biológicos.

Derecho al agua. Hay escasez, contaminación y desabastecimiento. Según el Estado de La Nación una de cada diez familias no tiene acceso a agua potable. A esto se le une el desperdicio de agua. Según el mismo informe, del total de agua extraída por el AyA durante 2022, el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques o errores de micromedición.

Derecho a la vida. Se ve comprometido por una mayor cantidad de desastres naturales.

Derecho a la vivienda. Riesgo de deslaves o derrumbes en viviendas obliga a las familias a buscar otros lugares.

Derecho al trabajo. Impacto en cultivos y en medios de producción acarrearía una menor necesidad de mano de obra.

Derecho a la salud. Mayor riesgo de enfermedades tropicales por el cambio climático. Mayor riesgo de diarreas por inseguridad en el agua.

Derecho a la igualdad y no discriminación. Zeledón indicó que hay desigualdades en acceso al agua. Además, el 21% de la población está en condición de pobreza y eso los hace vulnerables.

Además de los que ya se lesionan, hay otros derechos que podrían verse comprometidos en un futuro:

Derecho a la alimentación. Aunque no se han visto sequías que acaben con cultivos, sí hay vulnerabilidad frente al cambio climático. Además, al depender de mercados exteriores para muchos alimentos, da a Costa Rica otro tipo de desventaja.

Derecho a la autodeterminación. Migraciones forzadas. Esto no se ve todavía, pero muchos países de Centroamérica sí lo experimentan.

Derecho a la cultura. Al desplazar las actividades de algunas poblaciones.

En criterio de la funcionaria, para atacar los daños a estos derechos es necesario articular esfuerzos con la exigencia de información clara, fidedigna y oportuna. Para lograrlo, se necesita participación ciudadana y exigencia de rendición de cuentas a las autoridades.