María Jesús Montero y la parte contratante de la primera parte en el acuerdo fiscal de Catalunya

En su empeño por desgastar al Gobierno en el Senado, el Partido Popular hizo el miércoles un favor al PSOE. Que los socialistas lo hayan aprovechado es otro asunto. La oposición había impuesto una comparecencia exprés de la vicepresidenta María Jesús Montero para que diera cuenta del acuerdo de financiación de la Generalitat firmado por el PSC y Esquerra que hizo posible la investidura de Salvador Illa. Ese que pacta un modelo de financiación “singular” para Catalunya, cuyo Gobierno se ocupará de recaudar todos los impuestos si lo aprueba el Congreso.

Por razones difíciles de entender, los socialistas decidieron que las vacaciones de agosto eran más importantes que dar una explicación detallada de un acuerdo que todos saben que no es fácil vender en varias regiones de España, ni siquiera dentro del propio PSOE. Así que dejaron el campo libre al PP para que describiera el pacto en los términos más espeluznantes. Sólo les faltó afirmar que los primogénitos de las familias andaluzas serán enviados a territorio catalán para que aprendan a bailar la sardana o alguna otra actividad pagana. Es lo que sucede si permites que el debate lo dominen aquellos que buscan hundirte en la miseria.

En el fragor del debate parlamentario, Montero marcó los límites a su manera: “Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo es lo que no dice”. ¿Queda claro? Al menos, como trabalenguas es más sencillo que tres tristes tigres.

La ministra de Hacienda incidió en los puntos básicos de lo que ya se conocía. Catalunya recaudará los impuestos y después aportará fondos por los servicios públicos del Estado que se prestan allí y otros por la solidaridad con los demás territorios de España “para que los servicios prestados a los ciudadanos sean similares”. Montero afirmó que “el acuerdo no habla de concierto económico”, en relación al que existe en Euskadi y Navarra. Tampoco parece muy distinto.

Políticamente, es un acuerdo ingrato. Ni Junts ni Esquerra se muestran muy agradecidos. El senador Eduard Pujol se burló de las concesiones obtenidas por ERC y dijo que Junts está en contra de “sustituir el café para todos por el kalimotxo para todos”.

Sara Bailac, de Esquerra, dijo que hay que poner fin al “expolio fiscal” a Catalunya que elevó a una gigantesca cifra equivalente al 10% anual del PIB catalán. Sobre la solidaridad, afirmó que debe estar limitada por el principio de ordinalidad y la premisa de que la presión fiscal sea similar en todas las comunidades. Esto último es un asunto espinoso, además de contradictorio. Los nacionalistas reclaman tener más autogobierno fiscal, pero parece que rechazan que otras comunidades autónomas puedan hacer lo mismo.

El acuerdo es un compromiso aún por concretar, lo que quiere decir que nadie sabe qué repercusiones tendrá hasta que se conozcan los números. El PP ya lo sabe todo. Juanma Moreno ha dicho que es “un robo” a Andalucía, porque la derecha cree que nunca te equivocas si cargas contra los catalanes en esa comunidad. Los socialistas andaluces todavía no cuentan con una respuesta muy convincente ante esas acusaciones, que también están marcadas por la hipérbole.

Los nacionalistas catalanes no son los únicos que engordan las cifras del agravio. El PP de Andalucía alega que la región ha dejado de recibir 15.000 millones desde 2009, aunque algunos días es capaz de elevar ese número en varios miles de millones.

En España, casi todo el mundo dice estar infrafinanciado. La culpa nunca es de los gobiernos autonómicos, lo que es muy cómodo cuando tienes que responder sobre la falta de calidad de algunos servicios públicos. Si tienes que esperar meses para que te vea un especialista en la sanidad pública, te dirán que la culpa es de Madrid (por el Gobierno central).

La solución de Pedro Sánchez, tal y como la explicó el miércoles en un discurso, es lanzar una lluvia de millones. Se comprometió a doblar el fondo de cohesión territorial, que permite compensar las diferencias entre regiones. Al igual que Montero, el presidente alardeó del dinero que ha llegado a las CCAA desde la Administración central en los últimos años: “En siete años, el Gobierno progresista ha transferido 935.000 millones de euros a las autonomías, 300.000 millones más que el PP en el mismo periodo de tiempo”. También hay que reconocer que la coyuntura económica fue muy diferente en los años de Rajoy.

La vicepresidenta dio un ejemplo mejor en el Senado, uno más divertido. Después de que el Gobierno redujera el IVA de los alimentos, que el PP estaba exigiendo de forma insistente, sus gobiernos autonómicos pidieron una compensación por la pérdida de ingresos que les suponía. En público, pides que bajen los impuestos y luego en privado empiezas a llorar porque eso hace que caigan los fondos que corresponden a la Administración que gestionas. Pero que no se entere nadie.

Para saber más sobre el nuevo modelo de financiación para Catalunya, habrá que esperar a que el proyecto de ley llegue al Congreso y a que a alguien se le ocurra en el Gobierno hacer un cálculo en euros contantes y sonantes, por ejemplo tomando como referencia ejercicios anteriores. Hasta entonces, hay que conformarse con la frase de la senadora socialista Amparo Marco en el pleno: “Sólo hay que viajar por España para comprobar que cada comunidad es singular, única y extraordinaria”.

Claro que es difícil conocer cómo se traduce fiscalmente la idea 'Murcia, qué hermosa eres'. Con suerte, Montero lo explicará algún día en el Congreso.