Brasil y Colombia expresan su «profunda preocupación» por la orden de detención contra Edmundo González
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Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron este martes su «profunda preocupación» por la orden de detención emitida por la justicia venezolana contra el opositor Edmundo González Urrutia , rival del mandatario Nicolás Maduro en las elecciones, advirtiendo que «dificulta encontrar una solución pacífica» a la crisis. «Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados , en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia», indicaron las dos administraciones de izquierda en un comunicado conjunto. La declaración representa un endurecimiento en las posiciones de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), que han liderado los esfuerzos por una negociación entre Maduro y la oposición tras los controvertidos comicios del 28 de julio. Considerados cercanos al actual gobierno venezolano, los mandatarios brasileño y colombiano consideraron que la orden de captura contra González, emitida el lunes y condenada por parte de la comunidad internacional, obstaculiza las iniciativas por una resolución pacífica de la crisis. «Dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas», afirmó la nota. González Urrutia, de 75 años, se encuentra en la clandestinidad desde hace un mes, luego del inicio de una investigación penal en su contra relacionada con los comicios presidenciales. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamaron a Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos sin presentar el detalle del escrutinio. La oposición denuncia fraude, reivindica la victoria de González y asegura que tiene las pruebas para demostrarlo. Lula endureció el discurso contra Maduro la semana pasada al decir que no reconocía su triunfo, aunque tampoco el de la oposición, alineándose con una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea que rechazan la convalidación de la victoria del mandatario socialista.