El Gobierno no sabe si debe reformar la ley para encajar el ‘concierto’ catalán
- Cambiar la ley de financiación autonómica
- Sin apoyos parlamentarios
- Al borde de la inconstitucionalidad
El Gobierno desconoce si tiene que cambiar la ley de financiación autonómica para aprobar el nuevo régimen de financiación autonómico. Fuentes gubernamentales admitían este martes a Confidencial Digital no saber si jurídicamente podrían aprobar los cambios pactados con Esquerra Republicana sin tener que modificar la LOFCA. Los socialistas pactaron con los republicanos un nuevo modelo de simbiosis económica en el que Cataluña tendrá la competencia para recaudar el 100% de sus impuestos a cambio de ceder una parte al Estado con un plus de solidaridad aún por definir.
Cambiar la ley de financiación autonómica
El acuerdo entre PSC y ERC obliga a cambiar la ley autonómica, así lo aseguran los catedráticos en derecho constitucional consultados por ECD. La singularidad del nuevo régimen acordado con el partido independentista se sale del marco acordado en la norma, donde todos los territorios —salvo País Vasco y Navarra— aportan al Estado los ingresos percibidos para después recibir una parte de los fondos que redistribuye el Estado.
En las negociaciones para investir al candidato socialista, Salvador Illa, como nuevo president de la Generalitat, los socialistas llegaron a ofrecer más dinero en el reparto final, pero los republicanos rechazaron esa fórmula y prefirieron mirar a largo plazo. Cambiar el modelo de financiación asegura una competencia clave para Cataluña, de la que solamente gozan Euskadi y Navarra, que mantuvo sus fueros históricos. La Generalitat se saldría ahora del régimen común fijado para el resto de regiones; de ahí que los expertos concluyan que debe cambiarse la ley acordada en septiembre de 1980.
Sin apoyos parlamentarios
El Ejecutivo no quiere dar por hecho que deberá reformar la LOFCA ahora y prefiere demorar ese debate: un cambio en la normativa implicaría pasar por el Congreso de los Diputados, que debe dar el visto bueno a la modificación, y el Gobierno ni siquiera se acerca a los 176 síes necesarios para aprobarla. La iniciativa ha desatado una guerra interna en Sumar, socio del PSOE en el Consejo de Ministros. Compromís, BNG, Más Madrid, la Chunta Aragonesistas... Ninguna de las formaciones regionales que componen el grupo parlamentario de Sumar apoya lo acordado entre el PSC y ERC.
Comrpomís, uno de los partidos más importantes de la formación, ha reiterado que no apoyará ningún cambio que no incluya a la Comunidad Valenciana. El partido lleva años denunciando la "infrafinanciación" de la autonomía y se opone frontalmente a conceder esta particularidad a Cataluña si no se aborda también los fondos que recibe la Generalitat valenciana.
La oposición, el Partido Popular y Vox, también han rechazado la medida asegurando que rompe el sistema de solidaridad fijado por la ley.
Al borde de la inconstitucionalidad
Expertos en derecho constitucional consultados por este digital aseveran que el acuerdo PSC-ERC no vulnera la Constitución porque la Carta Magna no la regula como tal, sino que fija principios básicos como el de solidaridad. Pero sí aseguran que vulnera el espíritu fijado por esa misma máxima, plasmado también en la ley orgánica de 1980, ya que el nuevo régimen económico para Cataluña favorece a la autonomía, pero no al resto de territorios con menos recursos.
El pacto supone una "redefinición" del sistema territorial español marcado por la Constitución, según Joaquín Urías, exletrado del TC, y asegura que el acuerdo es un intento de "alterar" unilateralmente el bloque de la constitucionalidad que afecta "gravemente" al modelo territorial.