A revisión, los procesos de adopción en México
En México, los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes (NNA) institucionalizados —es decir, que se encuentran en casas de asistencia social— son complejos y tardados, pues hay una variedad de criterios dependiendo del estado en que se efectúen.
Si bien existe una regulación nacional, que sirve de parámetro inicial, cada entidad federativa tiene una legislación específica, lo cual afecta notablemente el derecho de esta población a vivir en familia, vulnerando su desarrollo y crecimiento.
En 2020, en nuestro país se registraron 53 mil 862 NNA viviendo en instituciones de asistencia social. Esta cifra implicó un aumento de 62% con respecto a 2015, cuando se registraron 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes habitando estos centros. Lo lamentable es que 70% de ellos permanece más de un año en las casas hogar y algunos pasan ahí toda su infancia y adolescencia. Las entidades con más NNA institucionalizados son Chiapas (4 ml 936), Jalisco (4 mil 88), Guerrero (3 mil 890), Chihuahua (3 mil 465) y Baja California (3 mil 154), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el caso de menores de edad, también en 2020 se registraron 21 mil 973 niños y niñas viviendo en instituciones de asistencia social.
Hay que señalar que en los procesos de adopción intervienen distintos actores, que abonan a que no haya una integración jurídica que agilice los tiempos y los trámites.
En cada proceso intervienen, por lo menos, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el Poder Judicial de la Federación, así como autoridades del ámbito civil o familiar y otros agentes más. En la mayoría de las ocasiones no hay personal suficiente para desahogar las cargas de trabajo, atrasando y haciendo más desgastante el curso de la adopción.
Sin duda, se han identificado varias áreas de oportunidad que podrían ser atendidas para lograr la integración de niñas, niños y adolescentes a un ámbito familiar. Por ejemplo: a) resulta necesario fortalecer las capacidades operativas y económicas de los actores involucrados en la materia; b) se requiere una mejora en la eficiencia de los aspectos procesales relativos a dicho proceso a efecto de reducir los tiempos de espera sin descuidar el análisis que cada caso exige y c) habría que emprender una revisión de fondo a la legislación vigente en las distintas entidades federativas con el objetivo de mejorar, de manera integral, sus procesos.
Para Early Institute es crucial el respeto a los derechos fundamentales de cada niña, niño y adolescente, razón por la cual trabajamos en la incidencia en políticas públicas para mejorar su calidad de vida. La situación de los NNA institucionalizados es un tema apremiante que demanda esfuerzos y voluntad para lograr que su derecho a vivir en familia sea plenamente otorgado en el menor tiempo posible. Una larga estancia en una casa hogar podría desencadenar una serie de problemas, llegando a ocasionar incluso un trauma. Es nuestra responsabilidad velar por sus intereses y colaborar activamente para concederles un verdadero proyecto de vida, que inicie con su acompañamiento familiar.