La Justicia dispuso una restricción al gobierno de Zdero por una denuncia de corrupción
La Justicia Argentina falló contra el gobierno de Chaco por una denuncia de corrupción y tomó una medida que perjudica los planes del gobernador Leandro Zdero. En la denuncia está involucrado un alto funcionario de la administración chaqueña por "desmonte sistemático de bosques nativos", ¿Que se dispuso judicialmente?
Según trascendió, el lunes pasado la jueza federal Zunilda Niremperger hizo lugar a la denuncia que llevó a cabo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
La organización apuntó contra el ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs, que habría tramitado el 40% de los desmontes de bosques nativos de la provincia entre 2014 y 2021, acorde a la denuncia.
AAdAA acusó a Halavacs de utilizar su cargo para otorgar permisos estatales a sus propios clientes privados. En el medio, incluso, hasta figura mencionada una empresa que se atribuyó en el pasado, en una porción de su capital accionario, a un alto funcionario de Milei.
En este contexto, Niremperger ordenó la suspensión de la deforestación en la provincia de Chaco por tres meses mientras investiga un presunto mecanismo de corrupción público-privado que lucraba ilegalmente con la destrucción del bosque nativo.
En este caso, el fallo prevé la suspensión de los desmontes en Chaco mientras avanza la investigación contra Halavacs y otros involucrados.
"Esta valiente decisión judicial se da en el marco de nuestra denuncia penal que sigue en curso porque se investiga esta trama de políticos, funcionarios, empresarios, una especie de puerta giratoria para desmontar y enriquecerse a partir del ecocidio", indicó Enrique Viale, presidente de la AAdeAA.
Viale valoró positivamente la suspensión total de los desmontes en Chaco así "no se genera el daño ambiental mientras se produce la investigación".
Según datos de la Fundación Vida Silvestre, a pesar de que Argentina cuenta con la Ley de Protección de Bosques, el Gran Chaco ha perdido el 30% de los mismos, con el 76% de la deforestación desarrollada ilegalmente entre 2007 y 2021.
La denuncia de AAddAA corresponde con que a fin de abril la Legislatura de esa provincia votó una ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo.
Desde la agrupación aseguraron que está "hecha a medida del agronegocio" y además está impulsado por una "puerta giratoria" de funcionarios que son al mismo tiempo empresarios.
La denuncia también expone que, entre 2014 y 2017, Halavacs tramitó en promedio los desmontes más chicos, pero entre 2018 y 2021 hizo lo propio, en promedio, los de mayor superficie.
El año en que más desmontes consiguió habilitar el actual ministro, entonces como gestor, fue 2016, cuando realizó 98 de los 196 planes de cambio de uso del suelo de ese año (el 50%), con foco en Brown. En 2020, el 70% de los diez desmontes autorizados fue tramitado por Halavacs.
Además, entre los funcionarios beneficiados figura Luciano Olivares quien en la gestión anterior fue subsecretario de Desarrollo Forestal y es hoy asesor del Ministerio de Producción. Durante su paso por la gestión anterior, Olivares otorgó los permisos de desmonte a Halavacs.
En este sentido, AAdAA también denunció a diputados provinciales por su voto el pasado 30 de abril en favor de la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Este mecanismo hizo que las autoridades habilitaran miles de hectáreas de bosques nativos protegidos y pasaran a ser objetivo de desforestación.
Entre los diputados acusados de estar a los dos lados del mostrador figura Atlanto Honcheruk, que además de legislador es empresario de transporte forestal.
Asimismo, la ONG pidió en la cautelar el inmediato cese de la aplicación de esta nueva ley y denunció al gobierno chaqueño por presuntos desvíos de fondos públicos de origen nacional e internacional. Según la denuncia, el gobierno chaqueño direccionó fondos recibidos para la conservación de bosques otorgados por la Ley de Bosques y el Fondo Verde para el Clima.
La ley en cuestión redujo la protección de bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. "Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades", afirmaron desde la institución.