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Июль
2024

Anticorrupción acusa al hermano de Ximo Puig de falsedad en documento mercantil y estafa

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La fiscal considera que una de las empresas audiovisuales de Francis Puig "puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental"

Un error del juzgado acaba con la instrucción de la investigación de las subvenciones al hermano de Ximo Puig

La Fiscalía Anticorrupción considera que Francis Puig, hermano del expresidente socialista de la Generalitat Valenciana, podría ser autor de los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa por las subvenciones públicas obtenidas por sus empresas audiovisuales. La fiscal solicita al juez de instrucción la transformación la causa en procedimiento abreviado y ofrece acciones a la Generalitat Valenciana y a la catalana.

El Ministerio Público acota el presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada a las cantidades obtenidas por Mas Mut SL entre 2015 y 2018, por un monto de 110.691 euros. Por su parte, los hechos imputados a Canal Maestrat, la productora de la familia Adell Bover, podrían ser constitutivos de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La causa nació tras una querella del PP valenciano que cuestionaba las subvenciones recibidas por las empresas audiovisuales de Francis Puig. Por su parte, la Audiencia Provincial de València estimó los recursos de las defensas y dio por finalizada, el pasado abril, la investigación a consecuencia de un error en la notificación a las partes de la prórroga del plazo de instrucción. El empresario Francis Puig siempre ha defendido la legalidad de las subvenciones.

Por el contrario, a la vista de la “facturación cruzada” entre las empresas de Puig y de Juan Enrique Adell Bover, la fiscal Adoración Cano considera que ambos podrían ser autores por cooperación necesaria de los presuntos delitos supuestamente cometidos por el otro.

“Aunque otras personas pudieron haber intervenido en la confección de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa, no es posible continuar con la investigación”, explica el escrito de la fiscal en alusión al auto de la sección tercera de la Audiencia de Provincial de València que dio por terminada la instrucción.

El escrito del Ministerio Fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València que, en caso de que acepte la calificación de los presuntos delitos, se proceda a ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya, a tenor del posible perjuicio económico.

La fiscal descarta el presunto delito de fraude de subvenciones. Sin embargo, en relación a los presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada, el escrito indica que Mas Mut SL, administrada por Francis Puig, “puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental” y cuestiona “seriamente” el requisito de sociedad beneficiaria de las subvenciones obtenidas“. Además, según apunta el escrito, la mayor parte de la facturación aportada en la causa por la empresa para justificar el abono de las subvenciones podría ser ”falsa o creada con esa finalidad“.

Así, la firma del hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana habría sido creada con “la única finalidad de obtener subvenciones”. La investigación ha hallado facturas relacionadas con reparaciones de vehículos ajenos a la empresa o reportaje de gasóleo, entre otras.

Cierre “prematuro” de la instrucción

En relación con Comunicacions dels Ports SA, Anticorrupción ha detectado “facturas ciertas no subvencionables”. Sobre las subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Catalunya a la empresa Canal Maestrat, administrada por Juan Enrique Adell Bover, el escrito concluye que los hechos relativos al posible fraude de subvenciones “no pueden ser considerados como delito sino como infracción administrativa, en su caso”.

Aunque Kriol Produccions SL podría también ser considerada una firma instrumental, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el el cierre “prematuro” de la investigación “impide deducir indicios suficientes que puedan corroborar este extremo”.