Derechos y justicia sin goles: una aspiración legítima

Llevamos muchos meses –y años– debatiendo sobre las migraciones y, particularmente, sobre el destino de las personas que llegan hasta nuestra tierra buscando una vida mejor, algo a lo que, como nosotras, tienen legítimo derecho. Aunque aún no hemos resuelto gran cosa, la verdad. 

En el marco de la Unión Europea, como reflexionaba hace algo más de un mes en este mismo espacio, se ha llegado a un nuevo y muy discutido Pacto sobre Migración y Asilo que contiene un paquete de medidas en diez normas de gran relevancia, aprobado el 14 de mayo por el Consejo mediante un gran acuerdo entre la derecha y el grupo socialista y con el rechazo de la extrema derecha, los verdes y la izquierda. Tiene interés su conocimiento y su contenido, así como la valoración de las posiciones de los grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo.

Pero resulta, como es sobradamente conocido, que en España está pendiente la cuestión –no menor, en absoluto– de la situación de los menores inmigrantes no acompañados que han llegado –y seguirán llegando– a las costas canarias principalmente y que no pueden ser adecuadamente acogidos ni atendidos en dicha Comunidad Autónoma.

Al margen del enredo político generado en torno a esta cuestión – no esperaba menos de nadie–, conviene destacar algunos elementos relevantes que ilustran perfectamente las distintas –o parecidas– posiciones y, sobre todo, las manifiestas y extendidas hipocresía e incoherencia de todos – subrayo, “todos”– los partidos y los gobiernos autonómicos por ellos gestionados.

Resulta así que, según los datos oficiales del Ministerio de Juventud e Infancia, en los años 2022 y 2023 se acordó entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas “repartir” –o sea, trasladar para garantizar una adecuada asistencia, según entiendo era la intención con independencia del desafortunado término utilizado– a 772 menores no acompañados, lo que solo se ha podido efectuar para 292 menores, esto es, el 38% de ellos, quedando sin acoger en el resto del Estado el 62% de ellos.

Los datos de 2022 revelan que, en cumplimiento del acuerdo logrado al respecto –ojo, un “acuerdo”–, solamente las siguientes Comunidades los recibieron en los siguientes números y porcentajes del cupo comprometido: Andalucía, 38 menores, 100%; Aragón, 21 menores, 90%; Asturias, 31 menores, 100%; Castilla y León28 menores , 79% -, Castilla-La Mancha, 16 menores, 50%; Cataluña, 40 menores, 50%; Comunidad Valenciana, 18 menores, 100%; Extremadura, 22 menores, 100%; Galicia, 40 menores 98%; Madrid, 30 menores, 33%, y La Rioja, tres menores, 33%.

En cuanto a 2023, en relación con lo también “acordado” para dicho año, solamente cuatro Comunidades materializaron la acogida comprometida, en los siguientes datos de número de menores asistidos y porcentaje respecto de lo pactado: Andalucía, 36 menores, 83; Aragón, 24 menores, 67%; Asturias, 32 menores, 50%, y Navarra, 17 menores, 29%. O sea, el resto de Comunidades no acogió a ningún menor inmigrante no acompañado procedente de Canarias. Ojo, no subrayaré yo el color político de cada Comunidad, pero entiendo que los datos son bien ilustrativos de que en todas las Comunidades cuecen habas y, en la mía –Euskadi, con un Gobierno de coalición de PNV y PSE–, a calderadas. Es decir, que todos los partidos están en una situación de máxima incoherencia.

No sé dónde están todos los menores no acompañados que llegaron a Canarias o a Ceuta y Melilla y que debieron haber sido asistidos en distintos lugares del Estado, que son muchos, pero lo cierto es que, como se ha visto, solo un mínimo porcentaje ha sido acogido en Comunidades distintas de las de llegada.

Para este 2024, la pasada semana los representantes autonómicos habrían pactado con el Gobierno la acogida de menores en las distintas Comunidades según los siguientes datos: Andalucía, 30 menores; Aragón, 20; Asturias, 24; Baleares, 10; Cantabria, 29; Castilla y León, 21; Castilla-La Mancha, 20; Cataluña, 31 –está por ver en este caso cómo se materializa, dada la posición de la Generalitat contraria a este pacto, y no solo la de Junts–; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; Galicia, 26; Madrid, 30; Murcia, 16; Navarra,15; País Vasco, 18, y La Rioja, cuatro. 

Por otra parte, hay que seguir con atención la anunciada reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –tan inadecuadamente conocida como 'Ley de extranjería', en términos que ocultan la real finalidad de la norma–. Reforma que afectaría concretamente a su artículo 35, referido a los 'Menores no acompañados“, para poder distribuir de forma obligatoria a los menores migrantes que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla –o a cualquier otra Comunidad donde se rebase el 150% de su capacidad de acogida– entre el resto de las Comunidades Autónomas y establecer los criterios para ello. Ya sabemos que este mismo lunes se ha registrado una proposición de Ley al efecto por los grupos parlamentarios Socialista, Sumar y Coalición Canaria. No es, desde luego, la mejor vía para propiciar un debate que debiera ser rico y profundo y, por otra parte, aún se desconoce con qué concretos apoyos parlamentarios va a contar, o, lo que es lo mismo, si el Grupo Popular permitirá su aprobación, siquiera con su abstención. 

Entretanto, mucha gente está pendiente de varios jóvenes con un gran éxito en lo que en este país mueve montañas, o sea, el fútbol. Uno de los futbolistas de referencia es hijo de personas migrantes que llegaron a España de manera irregular. Está bien aplaudirlos, naturalmente. Está también muy bien apelar al “sueño europeo” que “permite” ascender socialmente a cualquier persona según su capacidad y sus habilidades, un poco –o un mucho– al modo del “sueño americano” . 

Pero, seamos realistas. Los Williams, Yamal y otros futbolistas de éxito –u otros profesionales en otras ramas– son solamente la anécdota, una anécdota peligrosa, además. Nadie – insisto, nadie– tiene reparos en aplaudirlos y reconocer su valor, ni siquiera quienes rechazan a la mayoría de personas migrantes. Pero tampoco casi nadie –ni ciudadanía ni Administraciones Públicas, como hemos visto con las Comunidades Autónomas– acoge, acepta y saluda al resto de migrantes, menores incluidos, como los datos antes expuestos revelan con dureza. Y esta anécdota no puede hacer olvidar que la inmensa mayoría de las personas migrantes seguirán siendo pobres, marginadas y rechazadas. 

Ni siquiera –y esto habrían de hacérselo mirar muchos que mucho hablan– se encuentran personas migrantes en el mundo de la política –en ningún nivel–  o en el de la información o en las Universidades…. ¿Por qué? ¿Hasta dónde alcanza, pues, la real integración de estas personas?

Porque esto no va solamente de racismo –o sea, de discriminación por razón de raza–, sino de expreso rechazo a la pobreza y a la marginalidad. Nunca se ha discriminado a nadie rico o de éxito, de cualquier procedencia –yo, al menos, no lo he visto–. Ejemplos de ello hay un ciento y más. 

Y tengamos cuidado, que esto de la discriminación es muy contagioso y está muy extendido. Preguntemos a tantas y tantas personas pobres de cualquier nacionalidad y origen que no podrán gozar del “sueño europeo”, ni ellas ni sus descendientes, y que cada vez tienen más dificultad en asegurarse siquiera unos mínimos vitales dignos –vivienda, alimento, sanidad…–. 

Lo dicho: que alguien pueda tener y aprovechar oportunidades con independencia de su clase social o su origen es estupendo. Pero no es tan estupendo que ello sea absolutamente insignificante o irrelevante desde el punto de vista cuantitativo. Y en modo alguno debe hacerse categoría de una anécdota semejante.

Mientras, se apela a la solidaridad. No está mal, pero se debiera apelar a la justicia, de modo que esta sociedad sea solidaria hasta que logre ser realmente justa. La justicia no es ni voluntaria ni obligatoria: la justicia es, simplemente, una realidad a aspirar.