Se abre una nueva rama de la investigación contra más de 280 prepagas y obras sociales

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) continúa avanzando en las detecciones de irregularidades y distorsiones en el sistema de Obras Sociales y los pedidos a cientos de empresas de medicina prepaga. El organismo, a cargo de Gabriel Oriolo, reactivó el esquema sancionatorio de entidades de la salud, que se había paralizado en los últimos dos años.

Obras Sociales y Prepagas: pedidos y posibles intervenciones

Durante 2022 y 2023, ninguna de los cientos de Obras Sociales y prepagas inscriptas en la Superintendencia recibió una sanción del organismo. Es decir, ni siquiera hubo multas administrativas para quienes no presentaron los papeles obligatorios que se solicitan para que la SSS supervise los requisitos mínimos que deben cumplir estas entidades.

Según pudo saber El Cronista, todas las semanas hay entre dos y tres auditorías nuevas a obras sociales sindicales. En paralelo, hay una revisión "una por una" de toda la documentación que presentaron en algún momento las diferentes prepagas.

Durante este primer semestre, en la @sssalud llevamos adelante una serie de medidas con la finalidad de reordenar el sistema de salud y recuperar el rol fiscalizador que el organismo nunca debió perder.

— Gabriel Oriolo (@gabriel_oriolo) July 3, 2024

Esas gestiones ya llevaron a la intervención de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) semanas atrás. Hay altas posibilidades de que se intervengan aún más en las próximas semanas.

También hay varias empresas de medicina prepaga que podrían sufrir sanciones por incumplimiento administrativo. Fuentes de la cartera de Salud estiman que hay 280 de estas compañías (cerca de la mitad de todas las que están registradas en la SSS) que computan una falta de documentación o que, cuanto menos, la entregaron con datos a medias.

Si se comprueba que son prepagas que no funcionan, la Superintendencia está facultada para decretar el cierre de la prepaga. Esta decisión es el último eslabón de una cadena de procedimientos, siendo los primeros dos las auditorías y los estudios de todos los casos.

Las nuevas investigaciones internas de la SSS

El rastrillaje de las entidades sanitarias llevó a las autoridades de la SSS a realizar una auditoría interna que tuvo como principales medidas el cambio del esquema de la repartición de subsidios a obras sociales chicas. Esto se implementó en el Decreto 355/2024 publicado en abril en el Boletín Oficial, el cual implementa cambios en el programa Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que había sido implementado por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012 a los fines de reducir asimetrías entre obras sociales más grandes y más chicas.

"Eran un curro para cobrar subsidios del Estado [tal y cómo lo definen desde Salud]", ejemplifican desde la SSS. Esto implicó pérdidas cuantiosas para varias obras sociales que actuaban como "sellos de goma". La más afectada fue la Obra Social de Modelos Argentinos (OSMA), que contabilizó pérdidas por $ 124.695.532,91. Esta cuenta con 4420 afiliados: si el SUMA se hubiera mantenido bajo los anteriores parámetros, habría recibido $ 29.270 por afiliado ($129.376.104,50 total); ahora es $ 1058 por cabeza ($4.680.571,59).

La Superintendencia de Servicios de Salud.

La carencia de multas en los dos años anteriores aceleró la investigación sobre las decisiones que se tomaron durante la administración pasada. "Se están analizando esos expedientes que indican que debería haber habido multas y no se avanzaron", indican fuentes inobjetables del organismo. La multa más común hasta el año pasado circunvalaba los $ 30.000 y con posibilidad de pagarlo en cuotas; ahora los montos actualizados son millonarios.

En los últimos días también hubo novedades sobre el reordenamiento interno de la SSS, que achicó la estructura política del organismo. Según la información, se eliminaron tres gerencias, cinco subgerencias y 14 coordinaciones, lo que representó un ahorro para de 80 millones de pesos al mes. Además, se ahorraron más de 70 millones de pesos mensuales por dejar de tercerizar el call center y reemplazándolos por los propios empleados del organismo.