Plantón empresarial a Díaz para evitar una foto conjunta en plena guerra por la reducción de jornada
No habrá foto entre los máximos dirigentes de los empresarios y la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz. El abismo que se ha abierto entre las dos orillas se ha hecho aún más profundo con la última guerra abierta tras el ultimátum dado por parte del Ministerio a CEOE y Cepyme para que cierren ya un acuerdo por la reducción de jornada. Y hoy se ha hecho patente tras la ausencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, de la foto que había preparado la vicepresidenta segunda con patronal y sindicatos para sellar el acuerdo en defensa del colectivo LGTBI en las empresas.
Díaz ha logrado la presencia del secretario general de CC OO, Unai Sordo, y del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pero por parte de las patronales han acudido la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la CEOE, Val Díez, y el responsable de formación de Cepyme, Miguel Canales. Tanto Garamendi como Cuerva han evitado mostrarse públicamente al lado de Díaz, con la que han mantenido en los últimos días un duro intercambio dialéctico a través de los medios de comunicación.
El presidente de CEOE ha acusado a Díaz de saltarse el diálogo social y aprobar los últimos acuerdos sin contar con los empresarios de forma unilateral, como ha denunciado sobre su modo de actuar con la reducción de jornada laboral. "Si no tienen en cuenta ninguna de nuestras propuestas, pues realmente saldrá la norma que ella quiera sacar. Y si tiene que aprobarla el día 1 de julio pues, sinceramente, que lo haga. Volverá a ser, como siempre, un monólogo social», espetó ayer el presidente de CEOE a los periodistas que le abordaron para preguntarle. "¿Qué vamos a presentar si llevamos 20 reuniones y nos dicen que no a todo? Que apruebe lo que quiera sin nosotros, que haga el teatro que quiera".
En la misma línea, el presidente de Cepyme no le fue a la zaga y, ayer, en unas jornadas sobre productividad reiteró que "yo creo en el diálogo social sincero y honesto, pero el Gobierno lo que hace es montar un teatro". El presidente de las pymes recordó que "nosotros ya hemos hecho nuestra propuesta", pero ninguna ha sido atendida. "Hemos pedido una distribución regular de la jornada, que haya flexibilidad, un mayor margen... Cuantas y cuantas cosas hemos puesto encima de la mesa y todas han sido desechadas. Eso no es diálogo social si solo se admiten las propuestas de una parte".
Durante el acto de firma del acuerdo, la ministra se mostró sonriente y con su habitual buen talante, pese a plantón recibido, y al contrario de lo que criticaron Garamendi y Cuerva, valoró el consenso social "en unos momentos en los que es más importante que nunca el dialogo y los acuerdos". Asimismo, agradeció su trabajo "a tantas personas que a lo largo de los años habéis hecho lo más difícil que es caminar" y apuntó que la mayoría de las personas LGTBI ocultan su identidad en el trabajo por miedo a no ser contratadas, al acoso o a ser despedidas y ha puesto en valor un acuerdo que les aportará "libertad" y "derechos para hacer posible esta libertad".
También se mostraron satisfechos los sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado que el acuerdo haya sido tripartito porque ahora deberá implementarse mediante la negociación colectiva en las empresas, que son "un hábitat particular en el que se establecen relaciones jerárquicas y de dependencia". Aunque ha señalado que "queda mucho por hacer", cree que "la España actual poco se parece a la que apenas hace unas décadas aun adolecía de una 'Ley de vagos y maleantes' que decía que el homosexual, por su condición, suponía un peligro contaminante para la moral sexual colectiva".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto en valor ese diálogo social, porque "somos conscientes de que (las empresas) son uno de los lugares en los que más discriminación y homofobia se produce". No obstante, Álvarez ha reconocido que este acuerdo "no nos satisface al cien por cien" y que ha habido debate interno en el sindicato, si bien han decidido suscribirlo porque "es una gran oportunidad de situar, aunque sea de manera menos importante de lo que nos hubiera gustado, los temas LGTBI en las empresas".
Por parte de la patronal, Val Díez, ha subrayado el compromiso de las empresas con la no discriminación del colectivo LGTBI y ha mostrado la disposición de los empresarios a trabajar en los convenios colectivos. "Ser brillante o un buen líder no tiene nada que ver con tu orientación sexual o la forma en la que hayas decidido expresar tu identidad", ha dicho Díez, quien ha considerado que los prejuicios ya no existen entre la alta dirección de las empresas, pero que es necesario seguir trabajando desde los mandos intermedios para abajo.
Sin embargo, no todos en el colectivo LGTBI están satisfechos con este acuerdo, la Plataforma Trans, una de las promotoras de la Ley Trans la pasada legislatura, ha denunciado "haber sido vetada por el Ministerio Trabajo en la firma del acuerdo", algo que consideran "un agravio histórico para el colectivo".
El acuerdo recoge una serie de medidas planificadas para lograr la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, así como un protocolo ante situaciones de acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género. Da un plazo de tres meses para negociar las medidas a las empresas de más de 50 trabajadores, que además deberán recoger en sus convenios colectivos cláusulas genéricas de igualdad de trato y no discriminación y para erradicar estereotipos. Las empresas también deberán integrar en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI y en sus convenios colectivos medidas que atiendan a la realidad de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI.
Asimismo, los convenios deberán incluir como sanciones "muy graves" a los ataques a la libertad sexual de los trabajadores, según el acuerdo, que dota también a la Inspección de Trabajo a vigilar el cumplimiento y a sancionar en caso contrario. En este régimen disciplinario se integrarán, en su caso, infracciones y multas por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual y la expresión de género de los trabajadores.