Politizar también la empresa

El presidente del Gobierno se ha mostrado decidido a capitalizar el conflicto existente entre España y Argentina tras las improcedentes palabras de Javier Milei. A pesar de que en el origen de esta crisis se encuentran las declaraciones en las que Óscar Puente había sugerido que el presidente argentino podría consumir drogas, Sánchez ha aprovechado la circunstancia para victimizarse y extender su maniobra política al ámbito empresarial. Primero fue la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien señaló que la acogida de los empresarios a Javier Milei le generaba «tristeza», obviando los profundos lazos empresariales y económicos que existen entre ambos países. A pesar de que gran parte de los ejecutivos que recibieron a Milei han censurado las palabras del jefe del Estado argentino, Pedro Sánchez se ha servido de la circunstancia para intentar politizar uno de los pocos ámbitos de la vida civil que quedaban al margen de la disputa partidista: la empresa. En unas declaraciones que superan lo que ya adelantó en el Foro de Davos, Pedro Sánchez ha vuelto a pedir a las empresas que defiendan la democracia, circunscribiendo esa defensa a su propio modelo frente a lo que él, personalmente, considera ultraderecha, su exitosa argucia electoral. Reproduciendo una estrategia que comienza a ser habitual, Sánchez se ha proyectado como el adalid de la democracia, identificando su propio posicionamiento como el único que resultaría deseable o legítimo. Como tantas veces, el presidente mezcla valores ciertos con excesos que acabarían por dinamitar la propia democracia que dice defender. Las empresas son agentes civiles que, en efecto, tienen un impacto indudable en la vida de los ciudadanos. El emprendimiento, la inversión responsable o la promoción de criterios medioambientales, sociales o de buen gobierno son objetivos que merecen una atención empresarial específica. Sin embargo, esas iniciativas abstractas no pueden traducirse en un posicionamiento político concreto promovido desde los poderes públicos. Que el jefe del Ejecutivo se permita sugerir a las empresas qué opciones políticas se deben privilegiar es un acto de intromisión inasumible en una democracia. Cada corporación es soberana para regirse por los criterios que considere oportunos en el marco de la legalidad, y ningún político debería imprimir sesgos partidistas a un ámbito que, como el empresarial, ha de estar guiado por la libertad y el pluralismo. Pedro Sánchez se ha referido al ejemplo de Alemania, donde más de una treintena de empresas han firmado un manifiesto conjunto en el que piden el voto para partidos europeístas y en el que se advierte, además, de que la «exclusión, el odio y el aislamiento» pueden acabar atentando contra la libertad empresarial y la prosperidad de cada individuo. Ese posicionamiento conjunto, que en sí mismo puede ser discutible por la coacción que pueda suponer para sus trabajadores, es incomparable con el escenario que abre la declaración de Sánchez. El presidente del Gobierno es una mano fuerte en la economía española y la no injerencia de la política en las decisiones empresariales es un principio democrático incuestionable que debe protegerse de forma proactiva. A la paulatina colonización de las instituciones del Estado y a la utilización de la diplomacia española para una cuestión privada como son las palabras de Milei, se suma ahora este intento para intervenir la libertad de las empresas, sugiriéndoles, en lo que puede suponer una intimidación velada, que tomen partido por unas opciones ideológicas frente a otras.