La Fiscalía anticorrupción recibe una denuncia contra la empresa adjudicataria de las ambulancias de Euskadi
Los sindicatos continúan asaeteando a la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la cooperativa catalana Grup La Pau, que atraviesa una muy delicada situación económica. En apenas una semana ha trascendido la acusación de UGT de que la compañía ha incurrido en una falta “muy grave” ante la Inspección de Trabajo por retrasos en las nóminas, lo que ha logrado paralizar cautelarmente un nuevo contrato de 135 millones para el transporte sanitario programado no urgente o programado, ESK ha ganado un recurso ante la Agencia Vasca de Protección de Datos que cuestiona la instalación de un sistema de grabación de vídeo y audio en 360 grados en los vehículos y ahora LSB-USO ha acudido a la Fiscalía anticorrupción.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, LSB-USO ha remitido al ministerio fiscal -y no a las oficinas ordinarias de Euskadi- un escrito en el que se pide que se analice la contratación como nuevo gerente del Grup La Pau en Euskadi de Ibon Etxeberria. La central recuerda que Etxeberria era alto cargo del Departamento de Salud del Gobierno vasco y remarcan que fue él el firmante de la adjudicación anterior a la compañía que ahora le ha fichado. Asimismo, desestimó también recursos de empresas de la competencia que se presentaron a aquel concurso. Igualmente, “era el funcionario responsable del cumplimiento y fiscalización del contrato”. La comunicación estaba pendiente de su admisión a trámite a finales de la pasada semana, según las fuentes consultadas.
Esa firma data de octubre de 2020, en el inicio de la anterior legislatura y al poco de la llegada de Gotzone Sagardui al cargo de consejera de Salud. Consta que Etxeberria adjudicó el contrato a Grup La Pau “en suplencia”, es decir, por ausencia de la viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias. Sin embargo, no es que se tratara de una baja temporal. Es que no había nadie en ese puesto. Nerea Urien, la titular de ese cargo, no fue nombrada hasta unos días después. Sustituía a Fátima Ansotegi, que se había ido en septiembre y que había saltado en 48 horas a la aseguradora privada Keralty, el mismo destino que el exconsejero Jon Darpón, por ejemplo.
El nombramiento de Etxeberria se conoció en plena campaña electoral. Etxeberria era director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales pero tuvo que dimitir a los pocos meses por saltarse las restricciones sanitarias para prevenir la COVID-19: se fue a jugar al golf. La propia denuncia de LSB-USO admite que han pasado más de dos años desde su cese hasta el nuevo nombramiento, el período previsto por la ley de incompatibilidades, pero sostienen que esa adjudicación “sigue vigente” en el actualidad por la preceptiva prórroga ante la paralización de la nueva adjudicación y que, por lo tanto, “independientemente de que hayan trascurrido los dos años” Etxeberria está cobrando del contrato que firmó. Se da la circunstancia de que LSB-USO ya había realizado una denuncia anterior a la Fiscalía por “incumplimientos” en las condiciones del contrato por parte de Grup La Pau.
En su momento, Grup La Pau alegó que no estaba produciendo con Etxeberria “una puerta giratoria” y que la contratación se hizo tras la superación de un “proceso de selección público y abierto a través de una empresa de reconocido prestigio”. Según la compañía catalana, su nuevo gerente “nunca tuvo ni ha tenido relación directa ni indirecta con el sector del transporte sanitario ni con la cooperativa La Pau”. De haber incompatibilidades, recalcan, habrían finalizado pasados dos años de su salida del Gobierno y “ya han transcurrido más de tres”. La “profesionalidad, trayectoria y formación” de Etxeberria “le hacen merecedor del puesto”, sostiene la empresa.