El bailaor Rafael Amargo, absuelto del delito de tráfico de droga en su piso de Malasaña, tras anularse las escuchas telefónicas
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La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor Rafael Amargo de un delito contra la salud pública del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid en relación a la venta de droga en su antiguo piso de Malasaña de la capital. El motivo principal, según consta en la sentencia al que ha tenido acceso ABC, es que han quedado anuladas las escuchas y los registros policiales «porque no se cumplieron las exigencias mínimas que dicta la ley» para llevar a cabo esos procedimientos. Además, los magistrados exoneran al bailaor, a su exproductor Eduardo de Santos y a otra persona juzgada por los mismos hechos. En el auto, los magistrados estiman que la base objetiva que justificaba la solicitud de intervenciones telefónicas era «insuficiente para estimar que la medida fuera proporcionada con base a los elementos en que fundamentaban los agentes la sospecha de la comisión de un delito contra la salud pública», cuestión planteada por la defensa de los investigados al inicio de la vista oral y que el tribunal ha considerado pertinente. Así, se abunda en la «desproporcionalidad» de las medidas tomadas en la instrucción. Declarado nulo el auto de intervención telefónica, la sentencia abunda en la presumible «conexión de antijuricidad» entre lo declarado nulo y las diligencias posteriores y concluye que, «tanto desde el punto de vista causal como jurídico o normativo, la autorización de entrada y registro y lo encontrado en los domicilios han de quedar también afectadas por la nulidad de las intervenciones telefónicas . Por lo tanto, el material probatorio derivado del registro domiciliario –se establece en la sentencia- ha de quedar excluido de valoración». Amargo se encuentra en libertad provisional desde el pasado 12 de abril , fecha en la que el juicio quedó visto para sentencia. Esta medida se acordó a instancias de la Fiscalía de Madrid para asegurar la celebración del juicio después de quebrantar las medidas impuestas de firmar ante el juzgado. Noticia Relacionada estandar No Rafael Amargo, tras su puesta en libertad provisional: «Tengo miedo a volver a la cárcel» Rocío F. de Buján Es probable que la semana que viene ya haya sentencia por el caso del que se acusa al cantante y bailaor En su declaración, el artista manifestó que no tenía necesidad, «gracias a dios», de dedicarse «a otra cosa que no sean las artes escénicas», recordando que ha sido «bandera y baluarte en España» del flamenco y comparándose con Lola Flores por su «generosidad». «Llevo tres años y medio callado y estoy contento por estar con ustedes. Voy que decir la verdad y toda la verdad de este delito provocado», señaló. Rafael Amargo se enfrentaba a nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, al igual que su productor Eduardo de Santos al mantener la fiscal sus peticiones de condena. En los informes, el abogado Marcos García Montes solicitó la libre absolución de Amargo y en el caso de que fuera condenado, que se le apreciara una eximente completa por adicción a las drogas y se le someta a un tratamiento ambulatorio. Las intervenciones telefónicas y el testimonio de los investigadores de la Policía Nacional eran la principal prueba de cargo que tenía la fiscal para sustentar su acusación. Los abogados del bailaor intentaron impugnar estas escuchas. Los investigadores y la Fiscalía de Madrid sostenían que Rafael Amargo y Eduardo realizaban «compras conjuntas» destinadas a financiar la obra de 'Yerma', extremo que niegan los acusados al necesitarse como mínimo 100.000 euros. En su informe, la fiscal manifestó que el trasiego de personas en el piso de Rafael, el segundo derecha del número 4 de la calle La Palma, en la época de los hechos investigados estaba acreditado por el testimonio de los agentes de la Policía Nacional. La representante del Ministerio Fiscal mencionó las escuchas intervenidas entre agosto y noviembre de 2020 en las que se hablaba de cantidades de droga que sobrepasan el autoconsumo y que determinan la notoria importancia -penado de entre 6 a 9 años de cárcel- citando una conversación en la que una persona le pide unas 500 pastillas y otra en la que Rafael afirma que quiere un kilo de metanfetamina.