El BNG se guarda la «bala» de investigar los contratos Covid mientras siembra más dudas sobre la limpieza del PP

Ya había advertido el BNG, antes del segundo pleno de la legislatura en el Parlamento de Galicia, de que no gastaría la «bala» de la comisión de investigación automática, cuando apenas van dos meses de los, en principio, cuatro años de toma y daca en la Cámara. Y lo reafirmó este martes. De nuevo, por boca del diputado Iago Tabarés, al defender en el hemiciclo la solicitud de convocar dicha comisión para esclarecer las «irregularidades» que consideran que ensucian la gestión de la Xunta de la pandemia. «Implicaría tener confianza en que, a lo largo de la legislatura, no va a ser necesario activar el botón, viendo el comportamiento en (…) residencias, sanidad», se excusó el diputado frentista. Justo antes de que quedara rechazada la comisión con los 38 votos en contra del Grupo Popular. PSOE y DO secundaron al Bloque para 33 apoyos insuficientes. «No es contra el PP, los votantes del PP no son corruptos, entendemos que es gente honesta, y se sentirán decepcionados cuando no quieran perseguir esas (…) irregularidades», porque «la corrupción perjudica» los «recursos públicos» y «va contra la esencia democrática», enarboló Tabarés, quien volvió a sacar a la palestra los argumentos que viene usando el BNG desde que se celebraron las elecciones del 18 de febrero. Y empezaron a usar sus sospechas sobre los contratos de la Xunta frente al Covid como martillo pilón. En todo caso, el diario de sesiones recogerá, como novedad, la acusación velada de Tabarés a la bancada popular. Con mucha retranca y poca elegancia, el diputado nacionalista, nada más tomar la palabra, dio una «enhorabuena» irónica a los nueve diputados del Grupo Popular que venían de jurar o prometer el cargo. Recordándoles que ahora son aforados, y cualquier causa que les afecte se ventilará en el TSXG. E instándoles a que, si tienen cuentas pendientes con la justicia, den un paso al frente y no ralenticen el sistema judicial. Ofreciendo, como único dato, que se refería a un diputado orensano. «No entiendo a qué viene eso», le interrumpió Santalices. A lo que siguió un intercambio, a grandes rasgos, como sigue. -Vocación de servicio. -Para eso ya está la Presidencia -Vocación de servicio, señor presidente. -Para eso están los servicios jurídicos de la Cámara y el Presidente. Es muy libre de decirlo, pero no procedía, señalando a Orense, no sé por qué. -Agradezco la libertad. -Puede decirlo, pero no es procedente. -Agradezco la interrupción. Vocación de servicio. Si nadie tiene que darse por aludido, continuemos. Fuentes consultadas por ABC precisaron que Tabarés se refería a Juan Manuel Casares, por el caso del despido de un exalcalde del BNG en Castrelo de Miño, que en las últimas elecciones fue cerrando las listas. En su réplica, el portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, replicó que hay «acusaciones que no se atreverían a hacer» desde la oposición «sin las prerrogativas» de las que gozan como diputados. Lo decía por la comisión de investigación de los contratos Covid, pero también por la mención de Tabarés, al tiempo que tachó de «cinismo político» la actitud de su jefa, Ana Pontón, por empatizar con Pedro Sánchez, tras sus cinco días de reflexión, y horas después registrar la iniciativa que se debatía en esos momentos en la Cámara. Con el «único objetivo» de «continuar embarrando la política gallega». La izquierda, acusó Pazos, lleva «meses esparciendo bulos» y «utilizando las instituciones para atacar» a familiares de líderes del PP. En el caso concreto de la petición, primero, de una auditoría externa, y después, una investigación en el Pazo do Hórreo de los contratos durante la pandemia, el portavoz popular censuró que el Bloque se dedique a «embarrar» desde el primer pleno, con una «torpe manipulación» del informe de Contas, «vertiendo sospechas». «Basta ya de insidiar, todo tiene que tener un límite, y usted hoy, otra vez, los traspasó todos, no mienta», recriminó a Tabarés, que escuchaba cruzado de brazos. No se libró el PSOE, por cuestionar el destino de 159 millones del fondo Covid, que, apostilló Pazos, no cuestiona «ni siquiera el Gobierno». «Me parece lamentable que una letrada del Consello de Contas manipule de forma tan grosera un informe del órgano en que ejerció sus funciones; resulta deplorable», espetó a Patricia Iglesias, que negaba desde su escaño. Y ya «deliran», añadió el portavoz conservador, «cuando vierten sospechas» por material que demoró su entrega más de un mes -obviando las dificultades de adquisición que conllevó la pandemia-. «¿Cómo se pueden decir tantas barbaridades?», clamó Pazos, quien afirmó que «no existe ni un solo motivo para cuestionar» los contratos de emergencia. Y recordó que, de haber existido sospechas, se habría activado el protocolo que obliga a Contas a informar a Fiscalía. «No sucedió, porque no aparece ningún tipo de indicación» al respecto, «ni un solo reparo a la legalidad». Y así, en cuestión de minutos, nació y murió la solicitud del BNG de que el Parlamento investigue los contratos Covid.