Críticas al Gobierno de ONG que trabajan con prostitutas: «Perseguir no es la solución. Genera más inseguridad y violaciones de sus derechos»

La Asociación In Género calcula que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en toda España , según los primeros resultados que arroja su estudio iniciado en 2022 realizado en solo siete comunidades autónomas, que ha estimado que existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos por el territorio y 50 puntos de prostitución en calle. Con estos datos, que otras ONG elevan por encima de los 40.000 y que están sujetos a variaciones porque el estudio basado en entrevistas con las personas que ejercen la prostitución todavía no ha concluido, se pretende facilitar «cifras reales para poder plantear soluciones efectivas « a los problemas a los que se enfrentan, como la clandestinidad. Noticia Relacionada estandar No Carta de las prostitutas a Patxi López: «Nos quieres desahuciar a todas» Érika Montañés La plataforma Stop Abolición entrega en mano al Grupo Parlamentario Socialista una misiva para que su voz «sea escuchada» en el debate de la propuesta que pretende poner fin al fenómeno en España. «Nos condenan a la clandestinidad» «Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales», ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en Madrid durante la presentación del informe, que presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación. In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo. Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años. En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1% eran de Colombia; el 15,5% de Paraguay; el 13,4% de República Dominicana; el 7,8% de Venezuela; el 7% de Rumanía; el 6% de Brasil; el 4,5% de España; el 3,3% de Ecuador; el 2,5% de Perú; 1,9% de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades. El 78,2% de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2% estaban empadronadas. La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 2.138 personas. Ley contra la trata In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté «empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad , donde sus derechos son violados con mayor impunidad«. Según del Olmo, « perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución , al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen«. Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla «insuficiente» para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene «unas consecuencias gravísimas», por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley . In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. «Los recursos que están articulando, no funcionan», ha señalado del Olmo. MÁS INFORMACIÓN noticia No Las 17 pruebas de EBAU de las comunidades provoca «desigualdad de oportunidades» y «competencia desleal» entre los alumnos  noticia No El Constitucional respaldará castigar con prisión el acoso frente a clínicas abortivas La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a «una posible futura exportación laboral». «Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución», ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez.