Hacienda recula y se abre a negociar las mejoras laborales prometidas a la Inspección de Trabajo
Movimiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el conflicto laboral abierto en la Inspección de Trabajo. El departamento que dirige María Jesús Montero mandó este martes por la tarde una propuesta de la prometida Relación de Puestos de Trabajo de este organismo al que lidera Yolanda Díaz, explican fuentes de Trabajo. Se trata de la mejora laboral que Hacienda rechazó hace un mes y levantó todavía más a la plantilla e incluso a todos los jefes territoriales de este servicio público vigilante del cumplimiento de la legislación laboral.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado "de manera urgente" a las organizaciones sindicales que componen la plataforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "para que valoren la última propuesta para la Relación de Puestos de Trabajo que acaba de plantear la Secretaría de Estado de Función Pública", explican desde el Ministerio de Yolanda Díaz.
La reunión se celebrará esta tarde en Madrid, a las 16 horas, con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explican fuentes sindicales.
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública afirman a este medio que "la RPT es una decisión de Gobierno y se acuerda con los ministerios" y que "no es objeto de la negociación colectiva". "Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RPT", dicen, en un mensaje claro al departamento de Yolanda Díaz.
En el horizonte está la presión temporal de las elecciones del próximo 23 de julio, que hacen temer a los trabajadores que el acuerdo alcanzado hace dos años se quede sin cumplir. La plantilla, que recibió en los últimos días el apoyo de los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ha amenazado con una huelga indefinida desde el próximo 26 de junio, a las puestas de los comicios generales.
Elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pieza fundamental en la organización interna de un organismo público en cuestiones como las categorías profesionales, la organización y la promoción interna, forma parte de un pacto con varias mejoras laborales que el Gobierno alcanzó con los sindicatos en julio de 2021.
El paquete de medidas acumulaba un gran retraso, que llevaban meses denunciando los sindicatos y había supuesto varias concentraciones e incluso jornadas de huelga en el servicio público. A finales de mayo, Hacienda descartó de manera sorpresiva aprobar la RPT, tras meses de negociaciones, destacando el refuerzo de personal y del presupuesto que ya se había autorizado a este servicio público y con la oferta además de un plus de 6 millones de euros por productividad.
Los sindicatos de la Inspección de Trabajo rechazaron la oferta y reclamaron al Gobierno de coalición que cumpliera con todas las medidas comprometidas, incluida la RPT. En especial, sus quejas apuntan al Ministerio de Función Pública, ya que el de Trabajo también exige esta medida, pero es competencia del que lidera María Jesús Montero.
Aunque el Ministerio de Trabajo ha convocado la reunión con la representación de la plantilla para que sean los propios trabajadores quienes valoren la oferta de Hacienda, en el equipo de Yolanda Díaz adelantan que la consideran insuficiente, especialmente desde el punto de vista de refuerzo territorial de la Inspección.
"El documento está lejos de dar satisfacción al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, sin ninguna mejora concreta para los inspectores y subinspectores que cada día velan por que se cumplan las condiciones laborales y se respeten los derechos de las personas trabajadoras en nuestro país", valoran desde Trabajo.
En concreto, consideran que la oferta deja "sin atender las necesidades territoriales y concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos".
Por su parte, fuentes del Ministerio liderado por María Jesús Montero insisten en que acordar la RPT es "un trabajo interno del Gobierno", no de la representación de la plantilla. Además, recuerdan que en mayo se autorizó la inclusión de "781 nuevos puestos de trabajo" en las ofertas de empleo público de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, más el plus de productividad mencionado.