Miles de catalanes en el extranjero no podrán votar si la justicia mantiene el 14-F
Miles de catalanes residentes en el extranjero tendrán muchas dificultades para votar si la Justicia tumba el decreto de la Generalitat y mantiene las elecciones en Cataluña el 14 de febrero. Los 255.087 catalanes inscritos en el censo de residentes ausentes (Cera) para los comicios autonómicos se han enfrentado a un rosario de dificultades, aplazamientos y comunicaciones contradictorias de la Junta Electoral Central (JEC).
El conflicto judicial abierto por la fecha de las elecciones y los problemas derivados del cierre del aeropuerto de Madrid por el temporal de nieve de hace dos semanas han complicado el voto rogado, que ya de por sí es un galimatías para los electores en el extranjero.
Los consulados españoles iniciaron el proceso el pasado 28 de diciembre con la publicación del censo catalán en sus respectivas demarcaciones. La ventana para solicitar el voto se vio afectada por los estragos de la borrasca Filomena. Y ante las dificultades para hacer llegar las cartas en el plazo previsto por la ley, la Junta Electoral amplió el periodo previsto y autorizó a que las comunicaciones se realizasen a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El plazo para votar ha vencido
El plazo para rogar el voto se amplió al 19 de enero. Pero la Generalitat aprobó el viernes 15 de enero el decreto de suspensión del 14-F. Y la Junta Electoral pidió a los consulados que anularan todo el proceso y la información recabada hasta la fecha. Ningún catalán residente en el extranjero ha podido solicitar su voto desde el pasado sábado.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó el martes suspender cautelarmente el decreto de la Generalitat y mantener provisionalmente el 14-F. Ante esa tesitura, la Junta Electoral volvió a pedir a los consulados que reabrieran el proceso del voto en el extranjero. Pero la petición se cursó con el periodo legal para solicitarlo vencido.
Fuentes conocedoras de este proceso han denunciado que si se confirma la fecha del 14-F va a ser muy difícil que los catalanes en el exterior voten masivamente. Los plazos han ido cambiando y, dicen, es imposible mantener informados a los electores. Otro de los problemas, según explican, es que la mayoría suele rogar el voto en los últimos días del plazo. Pero estos días han coincidido precisamente con el cierre de los consulados por el decreto de la Generalitat.
Así lo ha denunciado el colectivo Marea Granate en las redes sociales. Este grupo reúne a emigrantes españoles. Y es uno de los que más ha luchado contra la fórmula del voto rogado, que todos los partidos prometen reformar cuando llegan unas elecciones, pero que después nunca lo hacen.
¿Llegarán las papeletas?
El INE no ha podido precisar a preguntas de Vozpópuli cuántas personas de las casi 255.100 inscritas en el exterior han solicitado el voto hasta el momento. La cifra de votantes catalanes en el extranjero representa un 4,75% del censo total de las elecciones, que asciende a 5.368.875 personas.
La JEC ha vuelto a ampliar el periodo para solicitar el voto rogado hasta el 5 de febrero. Es decir, que si hay elecciones el 14 de febrero, los catalanes en el exterior no recibirán sus papeletas hasta el 8. Y parece difícil que esos sobres lleguen a tiempo a las mesas electorales el domingo 14.
Todo dependerá de la decisión que adopte la justicia a partir de este jueves. El TSJC podrá abrir un tiempo de alegaciones hasta tomar la decisión definitiva. Una eventual revocación del nuevo decreto significaría volver a poner en vigencia el anterior decreto de convocatoria. Pero lo más probable, apuntan las fuentes consultadas por este diario, es que se pida concretar con más detalle los criterios sanitarios que llevaron a la suspensión de la convocatoria electoral.
Los recursos presentados alegan que la suspensión de los comicios no es procedente por la falta de competencia del Ejecutivo catalán cuando el Parlament está disuelto -con la Diputación Permanente en activo-. Además, el nuevo decreto no lleva la firma del presidente ni justifica con criterios sanitarios concretos el motivo para posponerlas.