Grupos de Chicago demandan a la administración de Trump, buscan orden judicial contra la ‘deportación masiva’
Varios grupos locales están demandando a la administración de Trump por sus planes de deportación, diciendo que el presidente está apuntando ilegalmente a Chicago por ser una ciudad santuario.
El sábado, las organizaciones Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés), la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés), el Concilio Comunitario de Brighton Park (BPNC, por sus siglas en inglés) y Raise the Floor Alliance presentaron la demanda en una corte federal. Buscan obtener una orden judicial contra los esfuerzos de “deportación masiva” prometidos por el presidente Donald Trump en la ciudad.
“Las redadas de inmigración en cualquier lugar dañan a comunidades enteras”, destacó Sheila Bedi de la Clínica de Justicia Comunitaria en un comunicado.
“En Chicago, la administración de Trump no sólo está tratando de desatar una aplicación arbitraria de las leyes contra los inmigrantes. Las inminentes redadas son un intento descarado de acabar con el movimiento de las ciudades santuario y pisotear la Primera Enmienda (...). Esta demanda tiene como objetivo prohibir a la administración de Trump que utilice las fuerzas del orden para perjudicar un movimiento vital de justicia social”.
La demanda sostiene que las amenazas de Trump de atacar los fondos federales de la ciudad son ilegales y que los esfuerzos de deportación de Trump violarían inevitablemente la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos de registros e incautaciones ilegales.
También dice que los esfuerzos también tienen como objetivo aterrorizar a la comunidad y violar los derechos de la Primera Enmienda de quienes han cancelado los servicios religiosos en español, entre otras reuniones en persona, por miedo, así como de los miembros de los grupos que temen ser objeto de la persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por su defensa.
La demanda cita el pánico que se desató el viernes por la tarde después de que se informó inicialmente que los agentes de ICE intentaron ingresar a una escuela primaria de Back of the Yards, aunque luego se aclaró que los agentes eran del Servicio Secreto y buscaban a un estudiante no relacionado con la inmigración.
“Los demandantes, cada uno en su propio nombre y en nombre de sus miembros, desean continuar participando en sus actividades protegidas por la Primera Enmienda en la mayor medida posible, pero como resultado de la conducta pasada, presente y probablemente futura de los acusados, se ven disuadidos de hacerlo”, se lee en la demanda.
ICE y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La demanda se encuentra entre una serie de demandas presentadas contra los nuevos edictos de la administración de Trump en torno a la inmigración, incluida una serie de políticas de inmigración sobre dónde ICE puede detener a las personas y sobre el fin de los programas de libertad condicional humanitaria, para cumplir sus promesas de campaña de “deportaciones masivas”.
Illinois estuvo entre varios estados que lograron un bloqueo temporal de la orden ejecutiva de Trump destinada a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que no podía hacer sólo mediante una orden ejecutiva, y un juez la calificó de una “orden descaradamente inconstitucional”.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, también criticó otra orden de Trump que amenaza con procesar a los funcionarios estatales que impidan sus esfuerzos de deportación. Raoul y otros fiscales generales (de California, Nueva York, Colorado, Connecticut, Hawái, Rhode Island, Maryland, Massachusetts, Nuevo México y Vermont) argumentaron que Trump no podía “reescribir unilateralmente la Constitución”.
“El presidente ha hecho amenazas preocupantes de utilizar la autoridad y los recursos procesales del Departamento de Justicia de Estados Unidos como arma para atacar a los funcionarios públicos que actúan en cumplimiento de las leyes de sus estados, interfiriendo con su capacidad de generar confianza con las comunidades a las que sirven y protegen”, dijeron.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago