Yolanda Díaz apuesta por la reducción de la jornada laboral para los funcionarios a 35 horas a la semana

El anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana sin merma salarial, impulsado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, fue aprobada por el Consejo de Ministros a principios del mes de febrero. Sin embargo, aún queda que se remita a las Cortes para su tramitación parlamentaria, por lo que este derecho laboral aún no está en pleno rendimiento en España. Ahora bien, Sumar propone que la jornada laboral de los funcionarios del Estado sea de 35 horas semanales.

Ahora bien, lo cierto es que a día de hoy los empleados públicos de la Administración del Estado no trabajan 40 horas. Esto se debe a que en febrero del año 2019 se estableció una jornada de trabajo de 37 hora y media a la semana (de media en el cómputo de un año) para el personal de la Administración General del Estado, según se señala en una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Reducir la jornada de trabajo de los empleados públicos a un máximo de 35 horas semanales

Lo que se formula en la enmienda número 89, registrada el 19 de febrero por Sumar, contempla reducir la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado a 35 horas de trabajo. En concreto, se apunta a que la jornada "no superará" ese límite de horas y será fijada por el ministerio que corresponda y acordada por las organizaciones sindicales.

El grupo parlamentario sostiene que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, aprobado en 2022, "ya establece la recuperación de la jornada de 35 horas y la derogación de las limitaciones establecidas en la disposición 148 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2018". Por ello, y "porque así está comprometido", la futura Ley "debe garantizarla", recoge el texto registrado en sede parlamentaria.

A todo ello hay que sumarle que el paquete de enmiendas plantea además extender la posibilidad de jubilación parcial a los funcionarios en los mismos términos que al resto de trabajadores, en tanto que en materia de teletrabajo, aboga por aclarar que es una opción, y defiende que la negociación colectiva esté presente en todas las decisiones que tengan que ver con su implementación.

Jubilación y teletrabajo

En otra de sus enmiendas, Sumar pide que la jubilación del personal funcionario, si es voluntaria, también pueda ser parcial. Sobre ese mismo artículo se pronuncia, asimismo, en lo referente a la posibilidad de que el funcionario solicite, con una antelación mínima de tres meses y máxima de cuatro meses a la fecha en la que cumpla la edad de jubilación forzosa, la prolongación de la permanencia en servicio activo.

Desde el punto de vista del grupo, esta prórroga debería concederse "de forma voluntaria", aunque "en ningún caso" podría optar a ella el personal directivo profesional. "La prolongación de la carrera profesional ha de configurarse como un derecho para toda persona funcionaria", prosigue.

Respecto al teletrabajo, las enmiendas buscan especificar que esta modalidad de trabajo a distancia es una opción del empleado, "pero nunca obligatoria". Del mismo modo, solicita que no se hable de este sistema como una forma de "reducción de costes", pues ello "no puede ser una motivación" para implementarlo.